Balears fue la comunidad en la que el año pasado más personas, en relación a su población, perdieron su vivienda por no poder pagar el alquiler. De acuerdo con los datos del Consejo General del Poder Judicial, en todo 2022 fueron 1.036 los lanzamientos llevados a cabo en las Islas en aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Supone que, por cada 100.000 habitantes que residen en las Islas se produjeron 88 desahucios por este motivo. La media nacional apenas es de 58.
Con todo, el número de estos procedimientos descendió de forma acusada el año pasado en las Islas: bajaron un 10,5 por ciento. Sin embargo, el descenso a nivel nacional es mucho más acusado. Si en 2021 en Canarias hubo más desalojos en proporción, única comunidad con cifras similares, el año pasado ninguna se colocó por encima de las Islas. El riesgo de perder la vivienda por impago es mucho mayor ahora mismo en alquileres que por impagos de hipotecas. Desde hace años los segundos mantienen un descenso continuado desde la explosión de la crisis de 2008. El año pasado se ejecutaron 113 desalojos por hipotecas y se presentaron 410 demandas de ejecución hipotecaria por incumplimientos en los pagos. Estas últimas registran también un descenso de un 17 por ciento, muy por encima de la bajada que se produce también a nivel nacional y que es de un 10. En todo el territorio el número de lanzamientos o desahucios practicados en 2022 se redujo un 7,5 % hasta 38.266 actuaciones.
En total, en Balears se ejecutaron 1.209 lanzamientos el año pasado por todos los diferentes conceptos. Otro indicador inmobiliario que registran los juzgados de Primera Instancia son los procedimientos para expulsar ocupas. Estos también descendieron un 33 por ciento el año pasado si bien puede tener relación con que los propietarios optaran por otras vías para reclamar la posesión del inmueble, en la jurisdicción penal, por ejemplo. Los civiles pasaron de 163 a 109 a lo largo del año pasado.
Concursos
Los datos anuales del Consejo General del Poder Judicial reflejan una auténtica explosión de las personas que se acogen a la ‘ley de segunda oportunidad’. Así, tanto los concursos de personas físicas no empresarios como de estos últimos han experimentado subidas muy acusadas. Un 34 por ciento de los primeros, hasta 159 y, en el caso de empresarios la cifra se ha duplicado con creces: de 64 a 149 de estos procedimientos. Las quiebras empresariales se mantienen bajas con un pequeño crecimiento de un 12 por ciento. Fueron 159 las sociedades que acudieron a este procedimiento, si bien durante buena parte del año aún había estado en vigor la moratoria concursal.
De todos los concursos de empresas en marcha, 14 pasaron a fase de convenio para reestructurar la deuda y 122 sociedades entraron en fase de liquidación. Los expedientes de reducción de empleo se mantuvieron en la misma cifra que un año antes, ocho en total. Al mismo tiempo se redujeron los juicios por despidos.
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