El informe, firmado por el investigador Hugo Cuello de Innovation Growth Lab (de la fundación británica Nesta), especifica que el objetivo del documento no es cuestionar la validez de la semana laboral reducida, sino analizar las carencias que presentan los programas piloto implementados en el entorno europeo precisamente para ponerla a prueba. Y advierte de que «en España estamos cayendo en el mismo problema, tanto a nivel nacional como regional».
Entre los programas más recientes destacan el lanzado por el Ministerio de Industria con ayudas de hasta 200.000 euros para pymes del sector o el anunciado por la presidenta del Govern Francina Armengol para una treintena de empresas baleares con ayudas de 15.000 euros por firma más 5.000 euros por cada trabajador adherido al plan. «Queda mucho para saber si la semana laboral de cuatro días es viable. Siendo honestos, tardaremos años (y muchos experimentos) en obtener evidencia sólida sobre sus impactos reales», advierte el investigador ya de entrada.
La semana de cuatro días «es una idea que merece la pena seguir investigando, ya que podría brindar soluciones innovadoras», plantea Cuello para no obstante matizar que los planes piloto «no ofrecen información valiosa» sobre las claves del posible éxito de la semana laboral reducida, ya que «parecen haber estado diseñados con el objetivo de convencer, no de explicar: desde un punto de vista empírico su diseño es tan deficiente que los resultados no son creíbles».
El informe señala que en estos planes «falta la información estadística más básica, incluyendo si el resultado es estadísticamente significativo o no» y se pone de relieve que «ni las empresas participantes ni sus trabajadores son una representación completa del tejido empresarial del país». Es más, se resalta que los planes pilotos están siendo desarrollados por empresas «más o menos comprometidas con la causa», ya que son las que han decidido participar voluntariamente. «Saber qué funciona para este grupo tan específico nos dice muy poco sobre las posibilidades de escalar la política a nivel nacional: que les funcione a ellas no significa que vaya a funcionar para las demás».
El informe señala también que esos resultados tampoco aportan información relevante sobre el efecto de este modelo de trabajo en otros sectores, tamaños o modos de gestión. Además, los programas tampoco ofrecen información «sobre los costes reales» del cambio de modelo, ya que las empresas participantes reciben formación y asesoramiento para la introducción de la semana laboral de cuatro días. «Todos estos apoyos tienen costes, además de en los que incurre la empresa para cambiar sus sistemas internos».
Sin esa información, subraya Cuello, «es imposible conocer la rentabilidad real del programa» para saber si es viable extenderla o bien comparar esa rentabilidad con la de otras políticas de conciliación familiar, como la facilitación del teletrabajo o de las excedencias. A modo de conclusión, el autor advierte de los riesgos de seguir invirtiendo dinero en programas de este grado de fiabilidad. «Seguir ejecutando planes piloto así sería contraproducente y un malgasto de dinero: dejarían sin resolver las preguntas aún abiertas sobre la semana laboral de cuatro días».
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