Un albañil que trabajaba en la construcción de un hotel en Cala Millor se cayó desde la azotea del edificio. Sufrió graves daños en una pierna y llegó a tener una incapacidad total reconocida. El accidente ocurrió el 28 de febrero de 2001 y no llegará a juicio hasta el próximo mes de septiembre, cuando lo ha señalado un juzgado de lo Penal de Palma. El caso rompe casi cualquier récord de lentitud de la justicia. De hecho, los retrasos han sido tales que casi todas las responsabilidades penales ya han prescrito, el plazo son cinco años, y solo se sentarán en el banquillo las empresas responsables de la obra. Más allá de cualquier posible condena, a lo que aspira el trabajador accidentado es a recibir una indemnización: reclama algo más de 30.000 euros por los daños que sufrió en el accidente, que le tuvo más de 500 días imposibilitado.
En el retraso inaudito de este asunto se juntan varios motivos. El primero fue lo que se tardó en poner la denuncia por parte del trabajador. Cuando acudió a los tribunales ya habían pasado varios años del accidente. Además, en primer lugar presentó la denuncia en Málaga, donde entonces residía. El juzgado de inhibió y lo envió a Manacor, el partido judicial al que le correspondía. Pese a ese retraso, la causa se puso en marcha y, en el año 2011 se produjo la declaración de los investigados ante el juez que entonces tramitaba el caso. A partir de ahí se juntan otros dos motivos de retraso y que se repiten una y otra vez. La primera es lo lento que, por lo general se tramitan los casos relacionados con seguridad y salud en el trabajo.
La mayoría de los accidentes tardan años en llegar a juicio: se trata de casos relativamente complejos en los que, más allá de la mecánica del suceso, la posible responsabilidad puede recaer en muchas personas. En construcción se suele investigar desde a los administradores de las empresas constructoras y promotoras, los arquitectos, los jefes de obra o los responsables de seguridad. Se suman todas las compañías de seguros y eso redunda en la complejidad del caso.
El otro factor es que la causa se instruyó en Manacor que históricamente funciona como un ‘agujero negro’ para determinados casos y las instrucciones se retrasan años. Aquí, la investigación se cerró en 2018 y fue entonces cuando la Fiscalía presentó su calificación provisional. Pues aún ha tardado cinco años en llegar a juicio. Llegó a estar señalado para celebrarse en el año 2020. Resultó que no se había emplazado a una de las aseguradoras. Hubo que devolver el asunto a Manacor. Otros tres años para un nuevo señalamiento. Esta semana se celebró una vista a prevención. No hubo acuerdo posible. El juicio ha quedado fijado para septiembre. Desde 2001; una odisea judicial.
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