El documento que prueba que el Govern de Armengol compró mascarillas de Koldo sin contrato

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) revela que las mascarillas, cuyo coste total ascendió a 3,7 millones de euros, fueron entregadas el 27 de abril. Sin embargo, la solicitud para declarar la tramitación de emergencia del contrato no se presentó hasta el 29 de abril, y la resolución no se emitió hasta el 4 de mayo. «La entrega del material sanitario se habría producido antes de que se formalizara contrato alguno, incluso antes de que se acordara la tramitación de emergencia de ese suministro en concreto», señala la Guardia Civil en un documento al que ha tenido acceso el citado medio.

Un contrato cuestionado y material defectuoso

La factura proforma detalla un acuerdo entre la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a la «trama Koldo», y el Servicio de Salud de Baleares (IB Salut). En ella se especifica la cantidad de mascarillas, el precio unitario de 2,5 euros y el compromiso de entrega en 48 horas, plazo que efectivamente se cumplió.

Sin embargo, este documento refleja irregularidades: fue firmado por la empresa el 25 de abril, pero el entonces subdirector de Compras y Logística del IB Salut, Antonio Mascaró, no lo rubricó hasta el 28 de abril.

El material entregado incluía mascarillas FFP2 con supuestos estándares de alta protección. No obstante, dos meses después, el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) certificó que no cumplían con los requisitos necesarios para ser consideradas como tales.

A pesar de este dictamen, en agosto de 2020 el Gobierno balear avaló su uso mediante un informe firmado por Mascaró, en el que se destacaba que la empresa Soluciones de Gestión había «realizado suministros de manera exitosa durante el año 2020». Este respaldo se produjo incluso a sabiendas de que las mascarillas no ofrecían la protección necesaria durante la crisis sanitaria.

Sospechas sobre la legalidad del proceso

La UCO también cuestiona la ausencia de documentación que justifique la formalización del contrato. Según los investigadores, no hay pruebas de contactos previos entre las partes ni de condiciones acordadas para la recepción de las mascarillas. «Ni siquiera comunicación alguna entre las partes», según el informe. Estas irregularidades hacen pensar que el contrato pudo haberse fabricado a posteriori, en contra de lo estipulado en la Ley de Contratos del Sector Público.