A lo largo del año que acabamos de iniciar se consolidará, según todas las previsiones, la recuperación económica iniciada en 2014, lo que no quiere decir, ni mucho menos, que volvamos a los años de vino y rosas anteriores a 2007. Estos se fueron para no volver. No obstante, la recuperación de los indicadores macroeconómicos no es sinónimo de que hayamos superado definitivamente la crisis. Esta seguirá presente en nuestro país mientras no seamos capaces de reducir sustancialmente la inaceptable tasa de desempleo actual, superior, aún, a la existente al principio de la actual legislatura. De todas formas, hay datos objetivos que nos indican que estamos en el buen camino pues de confirmarse que el crecimiento económico de este ejercicio se sitúe en el entorno del 2,5 % del PIB, es más que probable que a diciembre se hayan creado, según estimaciones, unos 500.000 empleos netos.
Esta previsión de crecimiento (creíble si tenemos en cuenta los resultados de los últimos trimestres de 2014) será posible gracias, en parte, a la depreciación del tipo de cambio del euro y a la bajada del precio del petróleo, circunstancias ambas que, además, ayudarán a mejorar los registros de nuestro sector exterior, cuyo comportamiento en 2014 no ha sido el esperado.
Si a estos dos efectos que acabo de mencionar añadimos la política monetaria expansiva del BCE, una inflación prácticamente inexistente, el repunte de la demanda interna (que se puede acentuar con la bajada de impuestos prevista para este año) y las reformas llevadas a cabo por el Ejecutivo, sobre todo en materia laboral, encontramos las razones del porqué el BdE, los servicios de estudio de las entidades financieras y los principales organismos internacionales vaticinan un aumento considerable de la actividad económica en nuestro país para el presente ejercicio. De todas formas, no se debe bajar la guardia. Existen aún importantes desequilibrios macroeconómicos que debemos ir corrigiendo en los próximos años. Uno de estos, y no menor, es la importante deuda pública, superior al 100% de nuestro Producto Interior Bruto, que tenemos. Esta se ha generado, básicamente, a partir de 2008 como consecuencia de los abultados déficits públicos producidos a lo largo de los años de la crisis. Su servicio, en términos de pago de intereses, supone una cantidad presupuestaria muy importante (incluso, ahora, con una prima de riesgo en torno a los 100 puntos básicos) que, de otra forma, podrían destinarse a mejorar la cohesión social y calidad de vida de los ciudadanos más vulnerables y desprotegidos.
Está claro, pues, que uno de los objetivos prioritarios del Gobierno debe ser perseguir a toda costa la consolidación fiscal. Pero el camino a seguir no puede ser recortando el estado de bienestar, sino mediante la implementación de políticas encaminadas a controlar el despilfarro y el gasto corriente, y a redimensionar la insostenible (por ineficiente y gravosa) superestructura administrativa (central, autonómica, provincial y local) del Estado.
Espero, por último, que las citas electorales que se avecinan, la preocupante ralentización de las economías de la zona euro y la inestabilidad política en Grecia, no modifiquen a la baja las buenas previsiones económicas previstas para este 2015 que, por otra parte, deseo feliz y venturoso para todos.
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