La publicación Libertad Económica en España 2015, elaborada por Francisco Cabrillo, Rocío Albert y Rogelio Biazzi, analiza el grado de libertad económica que hay en las regiones españolas. Sitúa Balears como la segunda comunidad con mayor libertad económica, solo por detrás de Madrid y por delante de La Rioja, la Comunidad Valenciana y Canarias.

Los expertos encargados de la publicación consideran que la libertad económica mejora el crecimiento y el bienestar, una premisa que es rechazada de forma tajante por otros economistas. De hecho, consideran justo lo contrario: que la excesiva libertad económica perjudica a la globalidad de forma clara.

En la introducción, los autores dejan claro su posicionamiento ideológico al asegurar que “para que pueda crecer la economía, además de quitar obstáculos, hace falta dejar espacio, un sitio vital para que el sector privado se desarrolle. Si el estado lo ocupa todo, si el sector público congestiona las arterias de la economía, si las administraciones crecen sin parar, no queda lugar suficiente para que las iniciativas empresariales se desarrollen”.

El índice de libertad económica se calcula a partir de doce indicadores: comercio, educación, medio ambiente, movilidad, sanidad, vivienda, gasto público, esfuerzo fiscal, deuda pública, empleo público, impuestos y transferencias. Estos indicadores reflejan el comportamiento del sector público en su doble rol de suministrador y financiador de bienes y servicios, y de regulador de la actividad del sector privado.

El estudio de 2015 sitúa a Balears en segundo lugar, solo por detrás de Madrid. Extremadura cierra la clasificación por detrás de Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha y Galicia. El Índice de Libertad Económica, que se elabora cada dos años, estaba liderado en 2013 por Madrid, y Balears ocupaba la sexta posición por detrás de La Rioja, Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana. Los expertos que han elaborado el índice consideran que “una de las conclusiones más relevantes que se obtienen de este tipo de estudios es la existencia de una correlación positiva entre la libertad económica y la prosperidad”.

Los analistas del Estudio explican que la libertad económica “es algo tan sencillo como no poner trabas a la actividad económica para que las personas y empresas puedan desarrollarse”.

Balears ha mejorado sustancialmente respecto al informe de 2013, puesto que de la sexta posición ha pasado a la segunda actual. Madrid se mantiene en cabeza, mientras que La Rioja, segunda en el anterior informe, ocupa ahora el tercer puesto. Las comunidades peor clasificadas son Extremadura, que ocupa la última posición, Andalucía y Asturias.

Respecto a 2011, las variaciones son más importantes. Balears ocupaba entonces el quinto puesto, por detrás de Madrid, Navarra, La Rioja y País Vasco, y por delante de Castilla y León, Canarias, Aragón, Comunidad Valenciana y Catalunya, que ocupa el décimo lugar. El último lugar es para Extremadura, que está precedida por Andalucía y Castilla-La Mancha.

COMERCIO. Las comunidades autónomas tienen amplias competencias en materia de comercio. En la práctica, el estado dicta una normativa de carácter general dejando a las CCAA grandes capacidades de regulación. El estudio ha evaluado la libertad de apertura de establecimientos comerciales en función del tamaño, grande o mediano. Además, se ha considerado la libertad de establecimiento de negocios, el requisito de licencias específicas para establecimientos comerciales, la libertad de horarios y apertura en festivos, y las tasas para los establecimientos comerciales.

El índice de libertad económica referido al comercio está encabezado por Madrid, por delante de La Rioja, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Cantabria. Balears ocupa la penúltima posición, solo por delante de Catalunya. Y es que Balears es tradicionalmente una comunidad proteccionista con el pequeño comercio.

En las cinco variables estudiadas en comercio, Balears ocupa la última posición en grandes establecimientos, pero está en el cuarto lugar cuando nos referimos a comercios de tamaño mediano. En cuanto a las licencias, las Islas ocupan la undécima posición, la octava si evaluamos la libertad de horarios y la decimosegunda posición si se examinan las tasas a pagar.

EDUCACIÓN. El índice de libertad económica referido a educación se ha elaborado desde cuatro variables: gasto en centros, gasto en alumnos, alumnos en centros públicos y el flujo de alumnos en centros públicos. El gasto en centros se calcula dividiendo el total de transferencias realizadas por el gobierno de cada comunidad a centros de enseñanza concertados por el gasto total destinado a educación. El gasto por alumnos se obtiene dividiendo las transferencias a centros concertados por el número de alumnos en centros concertados. La variable del número de alumnos en centros públicos se consigue dividiendo el total de alumnos en centros públicos por el total de alumnos. Finalmente, para determinar el flujo de alumnos en centros públicos se examina el número de alumnos en centros públicos respecto al total de alumnos. Se examina desde 2001 hasta 2012.

De esta manera, la comunidad autónoma con mayor libertad económica, refiriéndonos a la educación, es el País Vasco, que se sitúa por delante de Madrid, Navarra, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Balears ocupa la séptima posición.

Analizando las diferentes variables de educación, en el gasto por centro, Balears ocupa la cuarta plaza. Las Islas son séptimas en gasto por alumno, cuartas en alumnos por centro público y si analizamos el flujo de los últimos años, Balears se coloca en decimotercera posición.

MEDIO AMBIENTE. El indicador de medio ambiente intenta cuantificar la actividad legislativa de las comunidades autónomas y sus diferencias regulatorias, en relación a su incidencia en el establecimiento de empresas, instalación de industrias y desarrollo de la actividad económica en general por cuestiones medioambientales. Las dos variables estudiadas son la legislación ambiental y los instrumentos de política ambiental. Balears ocupa la quinta posición de una clasificación que encabeza Navarra y a la que siguen La Rioja y Madrid.

MOVILIDAD. En cuanto a la movilidad, el indicador intenta analizar la movilidad entre las regiones con el fin de captar el dinamismo del mercado de trabajo. Las cinco variables evaluadas son las siguientes: migración interna stock, migración interna flujo, migración por edad, inmigración stock e inmigración flujo.

La migración interna stock recoge el número de personas que emigran hacia cada comunidad autónoma respecto a la población total.

El flujo de migración interna se construye tomando en cuenta el flujo de migraciones que entran en cada comunidad respecto a la población total desde 2001 hasta 2013.

La migración por edad se calcula dividiendo la migración de personas entre 16 y 64 años entre la población total.
La inmigración stock es fruto de la división entre la inmigración extranjera y la población total.

Finalmente, el flujo de inmigración se calcula estudiando la inmigración extranjera y la población total entre 2001 y 2013.
Balears lidera el indicador de movilidad por delante de Catalunya, Canarias, Madrid y la Comunidad Valenciana. De las cinco variables analizadas, las Islas ocupan la primera posición en cuatro -migración stock, migración flujo, migración por edad e inmigración stock-, mientras que es segunda en inmigración flujo. Balears, como se desprende de los diferentes indicadores, es una comunidad en la que el movimiento poblacional es alto.

SANIDAD. En sanidad, la actividad reguladora del sector público se refleja en el peso que tiene la oferta pública, así como en la forma de regular actividades sanitarias que tienen un dimensión comercial como las farmacias y las ópticas.

Las seis variables estudiadas son: camas públicas stock, camas públicas flujo, instalación de centros sanitarios, funcionamiento de centros sanitarios, ópticas y farmacias.

El indicador de las camas públicas stock se obtiene de dividir el número de camas públicas por el total de camas.

Las camas públicas flujo es el estudio de las camas públicas sobre el total entre los años 2001 y 2012.

El indicador de la instalación de centros sanitarios es el número de trámites para la solicitud de una licencia de instalación.

La variable que hace referencia al funcionamiento se refiere al número de trámites para la solicitud de una licencia.

El indicador de las ópticas se refiere al grado de requerimientos técnicos para obtener una licencia de instalación.

Finalmente, la variable de farmacias se refiere al número mínimo de habitantes necesario para abrir una farmacia.

Balears ocupa la sexta posición en el indicador general de sanidad por detrás de Murcia, Castilla y León, Cantabria, Navarra y Canarias.

VIVIENDA. El estudio evalúa dos indicadores, el flujo de viviendas protegidas iniciadas entre 2001 y 2012 y el flujo de viviendas protegidas terminadas entre 2001 y 2013.

Balears ocupa la novena posición por detrás de Murcia, la Comunidad Valenciana, Canarias, Galicia, Andalucía, La Rioja, Extremadura y Cantabria.

Las Islas son novenas en cuanto a viviendas protegidas iniciadas y octavas en el apartado de las terminadas.

SECTOR PÚBLICO. El estudio de libertad económica evalúa también el peso del sector público. Emplea seis indicadores: gasto público, esfuerzo fiscal, deuda pública, empleo público, impuestos y transferencias.

GASTO PÚBLICO. El nivel de gasto público se ha calculado como la ratido entre el gasto total consolidado de cada comunidad entre el PIB a precios de mercado. Madrid encabeza la clasificación, justo por delante de Balears, que es segunda. A continuación figuran Aragón, La Rioja y la Comunidad Valenciana.

ESFUERZO FISCAL. Se mide el coste que tiene la financiación del gasto público para los contribuyentes. Se utiliza en el estudio el denominado índice de Frank, que es el cociente entre el porcentaje que suponen los impuestos respecto al PIB y la renta per cápita del territorio.

Balears ocupa la novena posición, por detrás de Canarias, Madrid, País Vasco, Catalunya, La Rioja, Navarra, Aragón y Castilla y León.

DEUDA PÚBLICA. El nivel de endeudamiento en términos de PIB constituye otra de las variables utilizadas para analizar el comportamiento del sector público. Refleja, en definitiva, la solvencia financiera de una determinada comunidad. Balears se encuentra en la parte baja de la clasificación, con la cuarta peor ratio. Madrid presenta los mejores números, por delante de Canarias, Asturias, La Rioja y Extremadura. Entre las peores comunidades están Balears, Catalunya, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.

EMPLEO PÚBLICO. Mide el peso que el sector público tiene en el mercado de trabajo. Se ha calculado como la ratio entre el número de asalariados de sector público que trabajan para la administración autonómica y la población ocupada. Balears ocupa la tercera posición por detrás de Catalunya y Madrid y por delante de la Comunitat Valenciana y La Rioja. Cierran la clasificación Andalucía, Castilla y León, Asturias y Extremadura.

IMPUESTOS. Las comunidades autónomas tienen importantes competencias sobre impuestos.

Inciden directamente sobre el tipo de gravamen y las deducciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Además, las comunidades tienen competencias sobre el impuesto de sucesiones y donaciones o el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Balears ocupa la quinta posición por detrás de Madrid, Navarra, País Vasco y Castilla La Mancha. Las comunidades que presentan un peor índice son Canarias, Extremadura, Murcia, Andalucía y Asturias.

TRANSFERENCIAS. El indicador mide el grado en el que los gobiernos autonómicos transfieren rentas y recursos a empresas y familias. Se determina la importancia cuantitativa de las transferencias y subsidios en términos de PIB. Una ratio elevada significa un grado de intervención más alto en economía. Balears ocupa la quinta posición por detrás de Madrid y Valencia.