Entre el monopolio y el libre mercado existe un amplio margen en el que el sector público puede intervenir. La Unión Europea promueve la eliminación de los obstáculos al comercio dentro del mercado único y, por ello, persigue la desaparición de barreras técnicas, jurídicas y burocráticas a nivel nacional. Sin embargo, todavía quedan negocios regulados por las administraciones, por diferentes motivaciones. Son, entre otros, los estancos de tabaco, la venta de loterías, las farmacias y los taxis.
Los sectores regulados son actividades donde existe competencia, pero que deben cumplir una serie de requisitos legales. Las administraciones ejercen de reguladoras y supervisoras para garantizar a los ciudadanos unos estándares de accesibilidad, calidad o precio.
Se considera necesaria esta supervisión por motivos de interés público, externalidades o asimetría de información entre clientes y prestadores del servicio. Los sectores regulados por antonomasia son las telecomunicaciones, la energía, los transportes, el servicio postal y el sector farmacéutico. En la actualidad, algunos de estos sectores han sido completamente liberalizados y se mueven en un marco de libre competencia.
Conforme a la Directiva 2006 de servicios, conocida como Directiva Bolkenstein, son necesarias razones imperiosas de interés general para que las autoridades competentes puedan establecer límites al acceso a una actividad económica o a su ejercicio, o exijan requisitos para desarrollarla, como licencias o autorizaciones.
Estas razones de interés general son, de acuerdo al artículo 3.11 de la Ley 17/2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio: el orden público, la seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen de Seguridad Social, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y cultural.
TAXIS. Sin duda el tema de actualidad en el marco de los negocios regulados es el conflicto entre taxistas y vehículos de alquiler con conductor (VTC) mediante los cuales operan compañías como Uber o Cabify, que suponen una “competencia desleal” según los taxistas. El sector del taxi es un servicio público operado por particulares con licencia municipal. La actividad está sujeta a regulación de tarifas, horarios y espacio en el que pueden trabajar. En cambio, los VTC pueden operar en todo el territorio nacional. Los ayuntamientos no ofrecen nuevas licencias, pero en el mercado secundario superan los 200.000 euros en Palma. En cambio, las licencias VTC tienen un precio más reducido.
Los taxistas piden que se respete la proporción de una licencia VTC por cada 30 taxis y que la concesión de licencias de vehículo con conductor sea de las comunidades o los municipios. Su preocupación es que empresas como Uber o Cabify, que por el momento no operan en Balears, pueden mermar sus ingresos. En las Islas hay 2.484 licencias de taxi concedidas (1.979 en Mallorca, 375 en Eivissa, 104 en Menorca y 26 en Formentera). Asimismo, hay 211 autorizaciones de VTC.
ESTANCOS. Las expendedurías de tabaco y timbre, más conocidas como estancos, se conceden por subasta pública por un periodo de 25 años. Una persona puede ser titular de una sola expendiduría y debe gestionarla directamente. Se paga entre 107,75 y 215,49 euros por la concesión en función del tamaño del municipio o ciudad, además de un canon anual que depende de una cuota fija y una variable según los ingresos. El local debe exhibir el rótulo T color rojo con la indicación de ‘Tabacos’.
El propietario del estanco gana un 9% sobre el precio de venta al público de cigarros, el 8,5% de las labores del tabaco exceptuando los cigarros y el 4% de la venta de efectos timbrados y signos de franqueo.
En Balears hay 340 estancos, es decir, 3,05 estancos por cada 10.000 habitantes.
A principios de año, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió un informe en el que recomendaba suprimir el monopolio de la red de estancos. La Unión de Estanqueros mostró su oposición frontal alegando que el sistema actual permite un mayor control de la recaudación de impuestos y es garantía de control sanitario.
LOTERÍA. En las Islas hay 207 puntos de ventas de Loterías y Apuestas del Estado: 167 en Mallorca, 17 en Menorca, 14 en Eivissa y una en Formentera. Un total de 74 de ellos son administraciones de loterías mientras que 133 son establecimientos mixtos, es decir, tienen una actividad principal además de la venta de los juegos del Estado, que suele ser un estanco, un bar, una papelería, etc.
Se puede ser titular de un punto de venta de loterías por dos vías, la participación en la convocatoria pública de adjudicación o comprando el servicio de gestión de un punto de venta al titular actual.
Las convocatorias o procedimientos de selección no tienen periodicidad fija ni son continuos. En cada uno de estos procesos, la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) determina exactamente la población o localidad donde quiere que se ubique el nuevo punto de venta, e incluso la calle o el perímetro donde debe situarse.
FARMACIAS. Las oficinas de farmacia se consideran “establecimientos sanitarios privados de interés público” según la Ley de Ordenación Farmacéutica del Govern. En Balears hay a día de hoy 442 farmacias, según el Col·legi Oficial de Farmacèutics.
Se considera que el modelo actual garantiza la equidad del sistema -en el sentido que los residentes en zonas rurales pueden acceder a los medicamentos cerca de donde viven y al mismo precio que en las zonas pobladas-. El debate sobre la liberalización de las farmacias, que existió hace algunos años, por el momento se ha aparcado.
Por otra parte, las notarías y registros de la propiedad son figuras especiales dentro del sector público ya que combinan características de los funcionarios y de la empresa privada.
NOTARÍAS. En la actualidad existen 59 notarías en Mallorca, 7 en Menorca y 10 en Eivissa, que suman un total de 76 despachos de acuerdo con los datos facilitados por el Ilustre Colegio Notarial de Balears. El número de notarías se fija por disposición gubernativa y puede cambiar en función de la población y las circunstancias económicas. De hecho, se han reducido durante la crisis.
Según informa el Consejo General, el notario es un funcionario público del Estado que tiene la misión de promocionar a los ciudadanos seguridad jurídica. Ejerce en régimen de competencia, pero su actividad está muy regulada. “Los notarios compiten entre ellos, en calidad, no en precios”, indica su página web. No pueden poner letreros ni publicidad, por mencionar alguna de sus limitaciones.
Trámites como hacer una escritura de un piso por compra o venta, otorgar un poder, hacer testamento, firmar un préstamo, constituir una sociedad o capitulaciones matrimoniales requieren de la figura de un notario, que estudia el caso y aconseja la forma más conveniente de realizarlo. En este sentido, informa de ventajas e inconvenientes de cada opción, el coste final y los impuestos.
La escritura pública es un documento firmado por un notario que ofrece la máxima seguridad jurídica en el derecho español. Se entiende que lo que recoge es cierto y legal y, por tanto, veraz. Su precio se considera muy inferior a los costes sociales y económicos que evita, al proporcionar seguridad jurídica. El trabajo del notario se retribuye en relación a unos aranceles fijos que estableció el Gobierno en 1989 y no se han cambiado desde entonces.
REGISTRADORES. La profesión de registrador está regulada por la demarcación de registros del Ministerio de Justicia. En las Islas existen 28 registros de la propiedad, más otros tres registradores en el Registro Mercantil. Más conocida en los últimos tiempos por ser la profesión del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el registrador de la propiedad da seguridad en el ámbito del mercado inmobiliario. Certifica, por ejemplo, que quien vende una casa es el propietario de verdad, o indica si un inmueble tiene hipoteca o está en un proceso judicial por embargo, por ejemplo. En el derecho español, la inscripción en el Registro de la Propiedad es voluntaria y permite al dueño ser reconocido oficialmente como propietario.
POLÉMICA. El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada se ha postulado recientemente a favor de la liberalización de cinco sectores para que se conviertan en motores del crecimiento económico: la actividad portuaria, el servicio postal, el servicio de taxi, los alojamientos turísticos y las telecomunicaciones.
La literatura económica tanto a favor como en contra de la libre competencia es extensa y en muchas ocasiones las decisiones que afectan a las distintas administraciones se basan en criterios políticos o electorales.
El dilema entre desregulación total o proteccionismo, en todos sus grados, sigue vivo. “En los mercados liberalizados los precios tienden a la baja de media un 20%, porque el precio tiene tendencia a ser similar al coste marginal y se observa una mejora en el servicio”, explica el economista y profesor de la UIB Pep Ignasi Aguiló.
