Impuestos medioambientales

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Al contrario de lo que podría pensarse por los discursos políticos, los impuestos medioambientales han ido decayendo.

Al contrario de lo que podría pensarse por los discursos políticos, los impuestos medioambientales han ido decayendo.

25-10-2019

Nadie parece poner en duda ya la existencia de un problema con el medioambiente. Recientemente el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) señalaba en un Informe especial sobre el calentamiento y los océanos que se estaba acelerando el aumento del nivel del mar debido al descongelamiento del hielo de la Antártida y de Groenlandia.

El calentamiento global no solo incide sobre el aumento del nivel del mar sino también sobre la frecuencia y virulencia de los fenómenos atmosféricos, lo que genera problemas económicos y sociales cada vez más importantes. En 2015 el acuerdo de París sobre el cambio climático preveía que en caso de inacción en el año 2050 la temperatura global media alcanzaría los 2 grados por encima de la existente en la época preindustrial, generando repercusiones impredecibles. Los países presentes en el acuerdo se comprometían a mitigar la emisión de los gases con efecto invernadero.

Para cumplir sus objetivos la Unión Europea (UE) estimó que hasta el año 2030 serían necesarias inversiones en torno a los 180.000 millones, animando a sus miembros a impulsar la adaptación de sus sistemas fiscales incrementando el peso de los impuestos medioambientales. Sin embargo, a tenor del informe presentado recientemente por el Consejo General de Economistas (CGE) y el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), el resultado ha sido una casi total inacción.

Al contrario de lo que podría pensarse por los discursos políticos, los impuestos medioambientales han ido decayendo. Su peso sobre el PIB ha disminuido en la UE del 2,5% al 2,4% entre los años 2002 y 2017, al igual que en España (del 2% al 1,8%) o en el conjunto de la OCDE (del 1,8% al 1,6%). En términos de su participación en los ingresos tributarios, su representación ha disminuido en la UE del 6,8% al 6,1% mientras que en España pasaban del 6,1% al % 5,4%.

Los impuestos medioambientales se caracterizan por su doble dividendo. Corrigen una externalidad negativa fomentando el uso de tecnologías y materias primas menos contaminantes, a la vez que permiten recaudar dinero que se utiliza para financiar las necesidades sociales.

En España su recaudación es de 21.382 millones de euros, de los que el 82% provienen de la energía (17.729 millones) y más especialmente de los hidrocarburos (13.156 mill.). Los impuestos sobre el transporte (IVTM y EDMT) y sobre la contaminación y uso de recursos naturales (947 millones) cierran la lista de los impuestos medioambientales.

Es necesario reformar los impuestos medioambientales centrándose en el ámbito energético, donde se concentran el 80% de las emisiones. En primer lugar, debería aumentar la imposición sobre la gasolina y el diésel para acercarnos a los principales países europeos.

En segundo lugar, acordar en el seno de la UE un nuevo tributo que grave el transporte aéreo (que tradicionalmente no tributa a nivel internacional) como ya está haciendo Alemania (entre 7,5 a 42 euros por vuelo) y en tercer lugar poner un suelo fiscal al mercado de derechos de emisiones de carbono en torno a los 30 euros tonelada (ahora su precio está en torno a los 25 euros). El precio por tonelada ha variado mucho, alcanzando en algunos casos los 10 euros toneladas, desincentivando la adaptación de los grandes emisores (en España hay 11.000).

Por último, el Consejo General propone modernizar y armonizar los impuestos medioambientales incluyéndolos en el sistema de financiación autonómica.

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