José María Gilgado29/11/19 10:33
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A partir del 1 de enero de 2020, según la Ley 10/2019 de 22 de febrero de cambio climático y transición energética de las Illes Balears, las medianas y grandes empresas (es decir, las de más de 50 trabajadores) que operen total o parcialmente en las Islas deberán calcular su “huella de carbono”, o lo que es lo mismo, la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que producen al fabricar un producto o prestar un servicio, tanto directa como indirectamente.

Además, las empresas deberán inscribir sus emisiones en el Registro balear de huella de carbono, que todavía no se ha creado, y realizar planes de reducción o compensación de emisiones. Las grandes empresas también deberán pasar una auditoría de certificación para acreditar la veracidad de los datos.

A día de hoy muchas empresas desconocen estos requisitos legales y otras no saben cómo aplicarlos, puesto que se requieren de algunos conocimientos técnicos sobre la materia.
Para poder reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero las empresas deberían tomar acciones tales como implantar sistemas de gestión ambientales (tipo ISO 14001), fomentar el teletrabajo para evitar desplazamientos innecesarios de sus trabajadores, ofrecer ventajas a quienes acudan al trabajo en bicicleta, trasporte público o caminando, reducir el consumo eléctrico y de combustible en las instalaciones, comprar productos y materias primas de etiqueta ecológica, etc.

Y como dice el refrán “un grano no hace granero, pero ayuda a tu compañero”, no solo las administraciones públicas y empresas deberían realizar acciones para disminuir la huella de carbono, sino que todos los ciudadanos deberíamos aportar nuestro granito de arena utilizando más el trasporte público, comprando productos locales o kilómetro 0 (aquellos que hasta llegar a tu plato han viajado menos de 100 km), aplicando las 3 erres del reciclaje (reducir, reutilizar y reciclar), desenchufando los electrodomésticos que no se estén utilizando, etc.

Precisamente a principios de mes el Consejo de Gobierno aprobó la Declaración de emergencia climática en las Islas Baleares, para, según dicen, desarrollar políticas de adaptación al cambio climático y planificar y ejecutar acciones en los sectores sociales, económicos y territoriales.