Exceltur acaba de publicar las conclusiones del proyecto Revitur, que pretende revitalizar los barrios más turísticos de las principales ciudades, incrementar la contribución económica y social del turismo y mejorar la regulación y el control de las viviendas de uso turístico -VUT-. Ha contado con la colaboración de los ayuntamientos de las seis más relevantes: Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga, Sevilla y San Sebastián, de distinto color político. Pretende que el estado actúe con más determinación para limitar los efectos negativos de la rápida vuelta al mercado de las VUT tras la pandemia.

El informe destaca su enorme crecimiento en los últimos años, el 80% del crecimiento total de todos los sistemas alojativos y sus consecuencias: encarecimiento de los precios en los barrios más atractivos, desplazamiento de la población residente, deterioro de las condiciones de habitabilidad y convivencia, menor creación de empleo y de peor calidad, escasa contribución fiscal, muy inferior a la de los hoteles, que puede no bastar para cubrir los gastos de los servicios públicos necesarios, con lo que estaríamos financiando a muchos turistas.

Revitur solicita que la Administración del Estado establezca un marco general en temas de su competencia y que ayude a las CCAA y las corporaciones locales a hacer cumplir sus normativas.
Pide la regulación nacional de la actuación de los intermediarios y de las plataformas de internet que las comercializan y la intervención de las Juntas de propietarios en los edificios de propiedad horizontal.
Todo esto sería necesario para evitar volver al modelo anterior a la pandemia: de crecimiento en el número de turistas con menor gasto, mayor coste ambiental y contestación ciudadana creciente.
Hay que felicitar a Exceltur por el trabajo, sin que importe que sea parte interesada al defender los intereses de sus afiliados -es su obligación-. El único pero -siempre hace falta introducir uno- es la ausencia de solicitud de medidas de carácter fiscal. La oposición del empresariado turístico a las tasas o impuestos específicos pudo haber impuesto esa limitación, a pesar de que varios de los ayuntamientos participantes son partidarios de estas.