«UCD y PSOE no aceptaron la paridad»

La carrera para la aprobación de un estatuto de autonomía para las Illes Balears se inicia el 4 de junio de 1977, poco antes de las elecciones a Cortes del día 15 del mismo mes, cuando los partidos mallorquines, a excepción de Alianza Popular (AP), firman un documento a favor de la autonomía. A usted, que se presentaba entonces al Senado por las Pitiüses en esas elecciones, y el resto de candidatos ibicencos al Senado no les gustó que se olvidaran de Eivissa y Formentera. ¿Cree que fue a propósito?
Simplemente por olvido. No creo que hubiera ningún tipo de mala fe, sino que las islas menores cayeron en el olvido una vez más.

Dos días después, el 6 de junio, los candidatos ibicencos al Senado protestaron por no haber sido invitados por los partidos mallorquines y pusieron dos condiciones al futuro estatuto: el principio de subsidiariedad y el de paridad. ¿Por qué era importante que el nuevo estatuto tuviera en cuenta estos dos condicionantes?
Efectivamente, así fue. Me parecía que era una cuestión de principios para evitar que, una vez más, las islas menores fueran ignoradas por lo que ya se adivinaba que serían los dos grandes partidos, UCD y PSOE, y por ello mismo era importante hacerles caer en la cuenta de que al igual que se estaba haciendo en Canarias, en Balears también se tuvieran en cuenta las islas menores.

El 11 de junio se redacta el documento definitivo y consensuado con las fuerzas políticas de todas las islas. También lo firma usted, aunque con dos puntualizaciones: que el catalán no sea exclusivo sino lengua cooficial junto con el castellano y que no acepta otra nacionalidad que la española. ¿Tuvo presiones desde Madrid para que no participara en este proceso? ¿Qué le dijo su líder en AP, Manuel Fraga?
Entre Manuel Fraga y yo siempre hubo una relación de mutua confianza plena y, naturalmente, me hizo patente su apoyo para que también Alianza Popular pudiera incorporarse a esta firma.
¿Se fiaban los políticos pitiusos y menorquines de los mallorquines? El dirigente socialista Josep Moll habló en su día de un «antimallorquinismo brutal» en las negociaciones. ¿Lo vivió así usted?
Realmente, en esas primeras negociaciones no hubo este tipo de marginación porque los dos partidos grandes (UCD y PSOE) se avinieron a que el futuro Estatut d’Autonomia cumpliera las dos condiciones básicas, la de la paridad, en el sentido de que el número de diputados de las islas menores no fuera inferior al número de diputados de la isla mayor, y la de subsidiariedad, es decir, que lo que pudiera decidirse como isla no tuviera que delegarse al poder central autonómico que, lógicamente, estaba radicado en Mallorca.
La Constitución de 1978 estableció dos vías para la aprobación del nuevo estatuto. La del artículo 143, la llamada vía lenta por la cual no era necesario un plebiscito, y la del artículo 151, por la cual debían ir las autonomías que pretendían poderes autonómicos propios y la aprobación vía referéndum. A priori, las Illes Balears apostaban por la vía rápida del artículo 151, como ya habían hecho las llamadas autonomías históricas (Catalunya, Euskadi, Galicia) y Andalucía. ¿Por qué se decidió finalmente por la vía lenta del artículo 143?
Porque los dos grandes partidos políticos nacionales (UCD y PSOE) así lo decidieron y en tanto que recibían las órdenes de Madrid no tenía ninguna posibilidad de que finalmente se aceptara la vía rápida del 151, con lo cual, no era tema ni siquiera discutible.

Tuvo algo que ver en la decisión final el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981?
Sinceramente, no lo creo.

En julio de 1980 se constituye la Comissió dels Onze con el objetivo de que redactaran un anteproyecto de Estatut d’Autonomia para Balears. ¿Por qué no fue posible el consenso en el seno de la Comissió dels Onze? ¿Por qué no se incluyeron los principios de subsidiariedad y de paridad que se exigían desde las Pitiüses?
Simplemente porque los dos grandes partidos, UCD y PSOE, se negaron a aceptar lo que previamente se había pactado, los dos principios de paridad y subsidiaridad, y, por lo tanto, al negarse los partidos que constituían el 90% de la asamblea de parlamentarios no tenía ninguna posibilidad de triunfar la vía alternativa que proponíamos y a la que nos habíamos comprometido.

Una exigencia del artículo 143 para que se aceptara la propuesta estatutaria era que la iniciativa tenía que ser avalada por dos terceras partes de los municipios, cuya población representara, por lo menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. En Santa Eulària se rechazó la propuesta y en el Ajuntament de Formentera, el 2 de septiembre de 1981, tampoco se sumaron a la iniciativa, lo que suponía un veto a la propuesta de estatuto y que se tuviera que esperar cinco años para volverla a poner en marcha. ¿Por qué se siguió adelante?
Porque a ninguno de los parlamentarios interesados le interesó que se cumpliera ese veto y, por lo tanto, ya que teníamos todo el acuerdo para seguir adelante, así se hizo.

Las votaciones en el Ajuntament d’Eivissa y de Sant Antoni salieron adelante por los pelos en dos plenos convulsos. ¿Se acuerda de algún detalle?
Recuerdo que en el caso de Sant Antoni hubo muchas presiones para que alguno de sus concejales no se desmandara en el incumplimiento de los pactos pre estatutarios que se habían formado, en concreto, de los principios de paridad y de subsidiaridad.

A pesar de que aún no se habían dado los supuestos exigidos por el artículo 143 respecto a la iniciativa autonómica, Jeroni Albertí, el presidente del Consell General Interinsular, convocó la asamblea de parlamentarios para el 4 de diciembre de 1981 en el Consolat de Mar. Sin embargo, usted, que era senador, y los consellers independientes de Eivissa y Formentera se retiraron. ¿Cuáles fueron sus motivos?
Exactamente los mismos que ya hemos mencionado, el incumplimiento de los compromisos de paridad y subsidiaridad a cuyo mantenimiento y vigencia nos habíamos comprometido todos.

Finalmente, el proyecto fue entregado al Congreso antes de la Navidad de 1981. ¿Por qué se quedó en un cajón y no se aprobó en aquella legislatura?
Simplemente, porque los dos grandes partidos no tenían mucho interés en que el Estatut de les Illes Balears fuera también de los primeros como teníamos previsto.

Su líder, Manuel Fraga, presentó una enmienda a la totalidad. ¿Por qué?
Porque yo se lo pedí. Le expliqué el problema, lo entendió perfectamente y desde el primer día nos apoyó.

En las elecciones generales del 28 de octubre de 1982 usted sale elegido diputado y le toca negociar el nuevo Estatut con el socialista Gregori Mir. ¿Qué puntos de fricción hubo? ¿Cómo recuerda aquellas negociaciones?
Fueron siempre negociaciones cordiales, pero desde el primer día los parlamentarios tanto de UCD como del PSOE ya tenían claro que, a diferencia de lo que habían pactado en Canarias, para Balears no iban a regir esos dos principios esenciales de paridad y subsidiaridad, a los que nos habíamos comprometido. En ese sentido, era como hablar con una pared.

¿Por qué el nuevo Estatut no recogió el número de diputados que formarían el Parlament de les Illes Balears? ¿Tuvo que ceder ante los socialistas el principio de paridad que reclamó en su día?
El argumento principal de los grandes partidos era que el número de habitantes de las islas menores no llegaba ni al 30% del número de habitantes de la región y para los dos grandes partidos era inaceptable que el conjunto de las islas menores tuviera como mínimo el mismo número de diputados (representantes) que la isla mayor. Curiosamente, como puse de manifiesto en mi intervención en el Congreso de los Diputados, en Canarias se había aceptado el principio de paridad islas menores-islas mayores siendo que, en el caso de Canarias, el número de habitantes de las islas mayores era cinco veces el número de habitantes de las islas menores, no el doble como en Balears sino cinco veces, y, a pesar de ello, siguieron alegando que las islas menores no tenían suficientes habitantes para justificar tal paridad.

Analizando sus intervenciones en el Congreso, usted fue muy crítico con el Partido Socialista por, entre otras cosas, no querer la paridad de diputados entre islas para Balears y, en cambio, sí para las Islas Canarias.
Sí, así lo reflejé muy claramente en mi intervención en el Congreso de los Diputados: «El principio de proporcionalidad fue exhibido por los contrarios a la paridad con insidiosa demagogia como patente de democratismo, aduciendo que Mallorca tenía casi cinco veces más población que Menorca, Eivissa y Formentera conjuntamente; por lo cual, siempre según ellos, no sería democrático ni siquiera constitucional, consagrar el principio paritario. Paradójicamente, se aprueba después el principio paritario para Canarias, donde la población de Gran Canaria y Tenerife no es cinco veces superior a la de las tres islas menores, como en Balears, es que es casi diez veces superior. Sin que ello hasta ahora al menos, haya provocado ningún escrúpulo de antidemocratismo de nadie».

¿Por qué se abstuvieron los diputados de Alianza Popular?
Eran conscientes de su inferioridad numérica, pero, a pesar de todo, no querían que se manipulara su posición acusándoles de antiautonómicos y por ello no quisieron votar en contra, pero dejaron clara su postura de que aquí los dos grandes partidos habían actuado abusivamente y sin tener en cuenta los principios de paridad que sí habían respetado para las islas menores de Canarias, siendo que su número de habitantes era muy inferior al que representaba en Balears.

Con el tiempo, Balears ha conseguido mayor autonomía y las competencias en materias tan importantes como educación y sanidad. ¿Qué balance hace de estos 40 años? ¿La autonomía ha mejorado la vida de los baleares?
No todas las esperanzas que se pusieron en la autonomía se vieron satisfechas y el resultado es mejorable, pero habida cuenta de que la alternativa era que todo lo referente a las islas se tuviera que decidir en Madrid y seguir anclados irreversiblemente en el centralismo y sin autonomía, esta autonomía imperfecta era un mal menor.