La limitación al precio de los alquileres podría retirar de ese mercado a muchos miles de pisos que pasarían a engrosar las filas de las VUT. La situación empeora en las denominadas «zonas saturadas», a pesar de los incentivos fiscales para la bajada de precios. Precisamente en esas zonas es donde se concentran las VUT. También solicitan que el Gobierno aproveche la presidencia del Consejo Europeo, durante el segundo semestre del año, para liderar la redacción del previsto reglamente europeo sobre la materia.
Incluir este asunto en una ley nacional plantea problemas competenciales. La aplicación de la misma dependerá en gran medida de las diferentes CCAA y de los ayuntamientos. La situación actual es compleja. En España hay unos 320.000 pisos que en algún momento han tenido uso turístico. Los ayuntamientos y algunas CCAA han legislado al respecto, imponiendo requisitos, pero la realidad es que, en general, no se cumplen. Desde el año 2018 las plataformas están obligadas a proporcionar a la agencia tributaria información sobre la identidad de los propietarios de VUT y los ingresos que perciben. Es probable, sin embargo, que se trate solo de una parte pequeña del volumen total.
Según los datos del INE algo más de uno de cada diez turistas extranjeros vienen a España a alojarse en casa de amigos o familiares sin abonar por la estancia. Una gran parte han llegado a acuerdos en su país de origen con los propietarios, que no son ni amigos ni familiares, sin que las haciendas de ambos países consigan fiscalizar esos movimientos. En el caso del turismo nacionales muchas estancias se pagan en B a través de acuerdos directos.
El problema es demasiado complejo como para dejarlo solo en manos del legislador. Habrá que forzar el cumplimiento de la normativa existente y explorar la vía fiscal.
