Tomás Méndez28/11/24 11:24
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En el artículo anterior se ha descrito cómo se estableció en España un sistema descentralizado, las Comunidades Autónomas (CCAA), que establecía la autonomía financiera de las regiones y la solidaridad entre todas. Las excepciones fueron el País Vasco y Navarra y el régimen económico y fiscal para Canarias. Ahora, con el acuerdo entre PSOE y Esquerra Republicana, se plantea un cambio radical a este sistema, o más bien empezar con uno nuevo. Es un acuerdo basado en que Cataluña tenga un sistema de financiación singular desgajado del común de todas las CCAA, basado en una Administración Tributaria Catalana (ATC) que recaude todos los impuestos. Es decir, que tenga la llave de la caja, con el compromiso de pagarle al estado español los servicios que le preste y dedicar a solidaridad una cantidad que considere justa. Evidentemente todo esto hay que negociarlo en la práctica. El gobierno prefiere más un Consorcio Tributario en el que estén la Agencia Tributaria Estatal y la catalana. Es una negociación política. ¿Quién se llevará la caja de los impuestos? ¿Cuál será el acuerdo final? Veremos, pero esta situación está creando ya efectos colaterales. Las otras CCAA y algunos partidos políticos ven la ocasión de presionar al gobierno del Estado para pedir lo mismo o pedir la luna. Si nos comparamos con Alemania, allí son los Länder, equivalente a las CCAA en nuestro país, los que recaudan por cuenta del gobierno federal, pero no tienen el poder de repartir. Es el estado alemán el que decide el porcentaje de los impuestos que se puede quedar la Comunidad. En el acuerdo firmado con Cataluña la ATC se queda con la totalidad del dinero y reparte según su criterio.

Es evidente que el estado español no es viable sin Cataluña, pero tampoco sin Madrid ni sin Balears. Son las únicas regiones que aportan más de lo que reciben. Las demás comunidades reciben mucho más de lo que aportan, especialmente Extremadura, Canarias y Galicia. También hay otras, en el sistema de financiación actual, muy infrafinanciadas como Valencia, Andalucía y Murcia. Por eso se plantea también un cambio radical en el propio sistema para hacerlo más sencillo e igualitario. Una de las principales críticas al actual sistema, es que no respeta el principio de ordinalidad de que ninguna comunidad puede acabar con menos recursos per cápita que otra que contribuya menos. Ha sido el caso de Ibiza en Balears durante muchos años. Una isla rica con servicios públicos subdesarrollados. Una propuesta razonable es que todas las comunidades reciban los mismos recursos per cápita. Para que todas las Comunidades Autónomas puedan mejorar, o por lo menos no empeorar, con este acuerdo, el Estado tiene que aportar una cantidad sustancial al sistema de financiación.

El envejecimiento acelerado de la población española aumenta las necesidades de mayores ingresos para Sanidad y Servicios Sociales que son competencia de la Comunidades y claves del Estado de Bienestar, pero también el avance del envejecimiento genera una avalancha de jubilaciones con mayores pensiones, que es competencia del Estado, junto al seguro de paro. ¿Puede el Estado adelgazar y ayudar a engordar a las comunidades autónomas? Además de las pensiones que tienen que estar cada vez más financiadas por el presupuesto del Estado, dado los ingresos insuficientes de las cotizaciones, destacan en sus competencias las inversiones en infraestructuras y la seguridad. También hemos vivido experiencias recientes de grandes crisis que refuerzan la necesidad de la contribución del Estado y de Europa. Refuerza la necesidad de un país unido y del apoyo de Europa ante la incertidumbre de un mundo cada vez más convulso.