El dictador argentino, Jorge Rafael Videla, es visto a través de una pantalla durante su declaración de ayer. | CARLOS ARCO

El dictador argentino Jorge Rafael Videla reclamó ayer «el honor de la victoria» en lo que definió como una «guerra justa» contra el «terrorismo» durante la dictadura, en su alegato final previo a la sentencia histórica de hoy en el proceso que se desarrolla en Córdoba por delitos de represión. «Los enemigos derrotados ayer» están «hoy en el poder», afirmó ante el tribunal el primer presidente de la última dictadura argentina, sentado en el banquillo junto a otros 29 acusados, entre ellos el general Luciano Benjamín Menéndez, en el primer juicio que enfrenta desde el proceso a las Juntas Militares de hace veinticinco años.

En una sala colmada por familiares de víctimas de la dictadura y organismos humanitarios, Videla, que nunca perdió la compostura, sostuvo que grupos guerrilleros abrieron paso a «una guerra interna con apoyo del exterior».

«No fue una guerra clásica, sino irregular. Su signo distintivo fue la imprecisión. Fue imprecisa en sus comienzos, ¿quién puede decir cuándo comenzó esta guerra? No lo fue menos en su término. Me pregunto si aún podemos asegurar que, más allá de las operaciones militares, haya realmente terminado esta guerra», manifestó Videla, de 85 años, ante el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba.

En un alegato que leyó durante unos 50 minutos, el dictador desafió al tribunal al definirse como «un preso político» a merced del «terrorismo judicial».

En su cuarta intervención desde el inicio del juicio, el pasado 2 de julio, Videla justificó la dictadura (1976-1983) por el «clima agobiante de violencia» y «la inoperancia de la justicia» que afrontaba el país.

«La agresión terrorista buscaba la destrucción de bienes materiales o de personas», insistió el represor, quien cuestionó los argumentos de la Fiscalía para pedir su reclusión perpetua.

La Fiscalía y la querella del juicio celebrado en Córdoba, a 800 kilómetros de Buenos Aires, han reclamado la prisión perpetua de los acusados por los delitos de torturas, homicidio agravado y privación ilegal de la libertad durante la última dictadura.