Cientos de portugueses salieron a la calle para celebrar el 40 aniversario del 25 de abril en la plaza de Carmo, en Lisboa. | Joana Nicolau

La conmemoración en Portugal del 40 aniversario de la Revolución de los Claveles evidenció el ambiente de fractura política que vive el país, incluso cuando ya vislumbra el fin del rescate y espera regresar al crecimiento este mismo año.

El jefe del Estado, Aníbal Cavaco Silva, pidió más responsabilidad a los partidos; las fuerzas políticas continuaron con su intercambio de acusaciones sobre quién fue el responsable de la crisis; y mientras, en la calle, algunos de los protagonistas del golpe de Estado de 1974 censuraron el empobrecimiento del país.

En lo que sí se pusieron de acuerdo, sin excepciones, fue en ensalzar el levantamiento militar de hace 40 años, que puso fin a una dictadura iniciada en 1928 y permitió la llegada de la democracia, concretada dos años después en la firma de la Constitución y la celebración de elecciones.

También coincidieron en la radical mejoría registrada en este período. El aislamiento, el analfabetismo y la alta mortalidad infantil bajo el régimen de António Salazar -continuado desde su muerte por Marcello Caetano- dieron paso a la apertura a Europa y la universalización de la sanidad y la educación.

Sin embargo, las consecuencias del exigente programa de ajustes y recortes acordado por las autoridades lusas con la UE y el Fondo Monetario Internacional en 2011 a cambio de su rescate financiero son todavía objeto de intenso debate.

El presidente luso, el conservador Aníbal Cavaco Silva, reprendió a los partidos durante la ceremonia oficial celebrada en el Parlamento e insistió en sus llamamientos al consenso.

«Es difícil entender que en una democracia consolidada, agentes políticos responsables no logren consensos sobre cuestiones esenciales para nuestro futuro», censuró Cavaco Silva, principal defensor de un acuerdo entre los principales partidos lusos sobre la estrategia a seguir en los próximos años.

En opinión del presidente portugués, las fuerzas parlamentarias «deben comprender que la insatisfacción y el desinterés de los ciudadanos acabará por afectar su actividad».