El abogado del Estado argentino, Jonathan Blackman, tras salir del tribunal federal en el que negoció con el juez Thomas Griesa en Nueva York. | Kena Betancur

El Gobierno argentino acusó al juez federal estadounidense Thomas Griesa de inmovilismo «para beneficiar a los 'fondos buitre'» y denunció que investigará la existencia de una «posible estafa millonaria» para el cobro de seguros de impago.

«Una vez más el juez llamó a una audiencia para no resolver absolutamente nada en relación a los fondos de terceros que mantiene inmovilizados», sostuvo el Ministerio de Economía argentino en un comunicado horas después de la vista celebrada en Nueva York. En dicho comunicado el Ministerio de Economía afirma el juez Thomas Griesa es «juez y parte» en una causa que ya tiene sentencia y que obliga a Argentina a pagar 1.300 millones de dólares.

Según la cartera encabezada por Axel Kicillof, al bloquear el cobro a algunos de los bonistas de deuda reestructurada, Griesa «pretende someter a la Argentina a una verdadera extorsión para que pague a los fondos buitre lo que pretenden, aún cuando el propio juez sabe perfectamente que tal pretensión implica la violación de la ley argentina».

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El Ministerio de Economía argentino criticó la decisión del juez de mantener a Daniel Pollack como mediador por considerar que ha demostrado «su manifiesta parcialidad» a favor de los fondos especulativos.

Suspensión de pagos

Además, rechazó de nuevo que el país haya entrado en cese de pagos y advirtió que las decisiones del juez pueden ser «una maniobra encaminada a que los 'fondos buitre', directamente o a través de otras sociedades, cobren seguros de default que ellos mismos han reconocido que tienen». En ese sentido, se refirió a la decisión tomada ayer por la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA, siglas en inglés) de hacer lugar al pago de los seguros de impago por un monto cercano a los 1.000 millones de dólares.

«Si bien esto no implica que la República deba pagar absolutamente nada favorece a unos privados a expensas de otros e intenta instalar el mensaje que Argentina se encuentra en default», agregó el Ministerio en el comunicado. Según el Gobierno de Cristina Fernández, «estaríamos ante un insólito caso donde una de las partes, con la ayuda del juez, provoca los hechos que luego la favorece».