El Gobierno se vio obligado a matizar al cabo de 24 horas su propuesta de reforma laboral que incluye un abaratamiento del despido y consideró que «no recorta ningún derecho de los trabajadores», al tiempo que insistió en que es un documento abierto a la negociación. Sin embargo, los sindicatos UGT y CCOO criticaron que la propuesta no sea acertada y que la ampliación del contrato de Fomento del Empleo (que supone una indemnización de 33 días por año trabajado) al colectivo de los hombres de entre 30 a 45 años suponga precarizar el mercado de trabajo.
El jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió ayer el documento presentado para una reforma laboral como una propuesta «innovadora y reformista» y abrió la puerta a que el Estado pague parte del fondo para el despido de cada trabajador con el fin de ayudar a las empresas. «Afirmo rotundamente que no sólo no va a suponer una merma para los derechos de los trabajadores ante el despido, sino que con la propuesta para llegar a un acuerdo que hemos presentado a los interlocutores sociales, se puede mejorar el funcionamiento del modelo», subrayó en rueda de prensa en Washington.
El líder de la oposición, Mariano Rajoy, calificó ayer de «vaga» e «incompleta» la propuesta sobre la reforma laboral del Gobierno y subrayó que «no sirve» para afrontar el problema del paro que hay en España. Además, criticó que tras dos años «mareando la perdiz», presenten un texto que «no decide nada y se limita a hacer sugerencias». Asimismo, añadió que el Ejecutivo habla del modelo «austriaco» pero no aclara «quien va a pagar el fondo para el despido».
Ninguna iniciativa
Durante una reunión en el Congreso junto a diputados y senadores para hablar sobre la financiación local, el 'popular' dijo que «ese documento no sirve para afrontar el problema del paro en España, el de temporalidad y no supone ninguna iniciativa que se concrete en nada y el Banco de España ha dicho que el paro es el mayor riesgo para la banca».
Desde las centrales sindicales, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, consideró que el modelo «austríaco» no puede trasladarse de manera «mecánica» al mercado laboral español y explicó que el fondo de indemnización creado para los trabajadores no lo paga el Estado sino el conjunto de las empresas, en una parte, y otra la empresa que despide al trabajador, si lo hace por razones objetivas.