Las prestaciones por desempleo y la pérdida de puestos de trabajo han causado un impacto significativo en las cuentas públicas, según aseguró ayer el gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, quien achacó al mercado laboral una parte «no desdeñable» del aumento del déficit.
Por eso, Fernández Ordóñez insistió en la necesidad de una reforma laboral que, en su opinión, es «la más necesaria de las reformas estructurales» y que, junto con la del sistema financiero y la consolidación fiscal, forman «los tres pilares» que necesita la economía española.
Durante su discurso de apertura del seminario sobre expectativas en el mercado laboral, organizado por el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional (FMI), Fernández Ordóñez afirmó que el gasto en desempleo representó en 2009 alrededor del 3% del PIB.
En este sentido, dijo que el paro es un problema «que afecta a todo, al crecimiento, a la productividad y al déficit», y que son cifras «muy importantes» las que se están destinando a esta partida.
Por ello, consideró que una política que trate de reducir el paro y aumente el empleo «está favoreciendo de forma más fácil la consolidación fiscal».
Fernández Ordóñez aseguró que, durante la crisis, las políticas se han concentrado «con alguna justificación», en medidas con efectos a corto plazo, y subrayó que ahora «ha llegado el momento de trasladar la atención al medio y largo plazo» y de comenzar a abordar los problemas estructurales de las economías.
Síntomas evidentes
Por su parte, el economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, dijo, en referencia al mercado laboral español, que «está funcionando mal» y que tiene «síntomas evidentes» que lo ponen de manifiesto, como la alta tasa de desempleo y la baja productividad. Blanchard afirmó que el sistema de negociación colectiva en España tiene «efectos perversos» porque son la mayoría de las grandes empresas las que determinan los salarios para todos los sectores, y no es lo más indicado para las pymes.
Por tanto, consideró prioritarias dos reformas, una relativa a la negociación colectiva, y otra que solucione las diferencias entre los mecanismos de protección a trabajadores fijos y temporales que, según expresó «tienen efectos contraproducentes». Blanchard apostó por aplicar una protección, entendida como una indemnización por despido, que sea «progresiva».