Protesta de ciudadanos ante la sede del PP de Zaragoza. | JAVIER CEBOLLADA

El Ministerio del Interior seguirá el criterio de la Ertzaintza y establecerá un perímetro de seguridad ante los denominados escraches, que en el caso de la Policía Autonómica Vasca es de 300 metros. Según explicó el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, se establecerán «límites espaciales» para compatibilizar el derecho de manifestación de estas protestas con el derecho a la intimidad y la seguridad de los cargos que sufren los escraches.

En este sentido, dijo que esta medida se va a concretar en una instrucción como la que ha puesto en práctica la Ertzaintza, que el lunes prohibió a los activistas antidesahuicios acercarse a menos de 300 metros del despacho de abogados del diputado del PP José Eugenio Azpiroz en San Sebastián.

Caso por caso

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, en la misma línea, se refirió a «una distancia orientativa» ante los escraches, aunque añadió que habrá que aplicarlo «en función de cada caso».

Además, el Gobierno estudiará el «encaje legal» del decreto de la Junta de Andalucía que permite expropiar temporalmente viviendas que estén sometidas a procesos de desahucio.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, afirmó que se analizarán los «hipotéticos efectos» del decreto ley y defendió que «la respuesta tiene que ser para la totalidad de los ciudadanos españoles, al margen de la comunidad autónoma en la que vivan». «No creemos que deba ser un problema cuya solución pueda ser sectorializada en sus respuestas por carácter territorial desde solamente las comunidades que quieran abordarlo», dijo.

Por su parte, la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, pidió que se aumenten las facultades de los jueces en materia de desahucios.