La Fiscalía Anticorrupción recurre directamente ante la Audiencia de Sevilla para que deje sin efecto el auto porque puede causar «la indefensión que se pretende evitar» a los siete «aforados imputados provisionalmente»: los dos expresidentes de la Junta y los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo.
Nuevo auto
La juez Mercedes Alaya, según Anticorrupción, debe dictar un nuevo auto en el que «concrete» los hechos «por los que cada uno de los aforados puede ser objeto de investigación» y luego «se les dé traslado de la presente causa en calidad de imputados conforme al artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».
La Fiscalía comparte con la juez su impresión de que «no son pocas las críticas que se pueden hacer» del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé la comunicación a los aforados de las causas abiertas contra ellos, pero también dice que «debe ponerse en tela de juicio que, en la presente causa, con este auto se haya dado cumplimiento a los requisitos» para aplicar dicho artículo.
Recuerda el fiscal que un juez instructor no puede, por mandato constitucional, «imputar o siquiera investigar de manera directa a una persona aforada», sino que debe hacer una «exposición razonada, agotada la instrucción», y elevarla al Tribunal Supremo.
El escrito recoge la circunstancia de que en el caso de los ERE hubo hasta siete denuncias por parte de la propia Junta, el PP o sindicatos, pero «en ninguno de ellos se dirige la acción penal o se denuncian hechos penalmente relevantes atribuibles a ninguna de las siete personas aforadas».
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