La Audiencia Nacional ha acordado por unanimidad solicitar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que prorrogue seis meses al juez Pablo Ruz al frente del Juzgado de Instrucción número 5 para que continúe con la investigación de sus casos, entre los que se encuentra la trama Gürtel.

La sala de gobierno de este tribunal, presidida por Ángel Juanes, lo ha acordado así hoy en una reunión, que se ha celebrado durante más de una hora, al considerar que Ruz está realizando una labor positiva en el juzgado y por la necesidad de dar continuidad al trabajo que se está llevando a cabo en él, según fuentes jurídicas.

Así, y de acuerdo con la normativa vigente, la Audiencia Nacional ha vuelto a solicitar al CGPJ que prorrogue la comisión de servicios del magistrado al frente del juzgado, cuya titularidad corresponde a Miguel Carmona, hasta ahora vocal del órgano de gobierno de los jueces y desde el 22 de noviembre magistrado de enlace ante el Reino Unido.

El 24 de julio de este año, el Consejo General del Poder Judicial ya decidió prorrogar a Pablo Ruz como juez de apoyo seis meses más a contar desde la vuelta del propietario de la plaza, el exvocal del CGPJ, pero en vista de que Carmona no vuelve ahora se tiene que decidir quién continuará en el juzgado.

Pablo Ruz no es el titular del juzgado y está en él en comisión de servicios desde que el CGPJ suspendiera al juez Baltasar Garzón en mayo 2010 por ordenar la intervención de las comunicaciones en prisión entre los imputados del caso Gürtel y sus abogados.

Tras la condena a Garzón, el CGPJ sacó a concurso la plaza, que en mayo de 2008 otorgó a Miguel Carmona, adscrito a la Audiencia Provincial de Sevilla, aunque desde que fue designado miembro del CGPJ en 2008 se encontraba en situación de servicios especiales.

Ruz, de 38 años, ingresó en la carrera judicial en 2003 y estuvo destinado en juzgados de primera instancia e instrucción de Navalcarnero, Bilbao, Collado Villalba y Móstoles, y ya sustituyó en 2008 en la Audiencia Nacional al juez Juan del Olmo.

Actualmente investiga el caso Gürtel (y dentro de él, como pieza separada, el caso Bárcenas), así como el supuesto genocidio en el Sáhara Occidental y en el Tíbet, el asalto a la «Flotilla de la Libertad de Gaza» y casos económicos como Afinsa y Caja Castilla La Mancha.