El titular del Interior aseguró que con la unidad de los demócratas, la eficacia de las fuerzas de seguridad y la fortaleza del Estado de Derecho, pilares que han permitido que la banda terrorista haya sido «absolutamente» derrotada policialmente, se continuará el «trabajo» para lograr la disolución de ETA.
«Que entreguen las armas y se disuelvan, y mientras no lo hagan es evidente que ETA es una organización terrorista», añadió el ministro antes de subrayar que el Estado de Derecho no está en suspenso y, por tanto, la policía y la Guardia Civil «siguen actuando, localizando, deteniendo y poniendo a disposición de la Justicia».
Coordenadas de los zulos
«Que quede claro que si nos dan la geolocalización y las coordenadas de sus zulos y de sus arsenales, que no se preocupen, que la policía y la Guardia Civil van efectivamente a comprobar si entregan sus armas», añadió el ministro.
Por su parte, el portavoz de la Comisión Internacional de Verificación (CIV), Ram Manikkalingam, insistió ayer en su convencimiento del compromiso de ETA en el proceso de dejar fuera de uso todo su armamento y afirmó que ahora corresponde a partidos y ciudadanos «definir cómo» debe realizarse y comprobarse ese proceso.
En un comunicado, Manikkalingam lamentó la polémica en torno al primer paso dado por ETA para inutilizar su armamento y censuró que «en ningún lugar del mundo» ha ocurrido que, cuando una organización terrorista inicia unilateralmente un proceso de ese tipo, no contara con el respaldo de las instituciones.
Según indicó, «como han demostrado los acontecimientos de esta semana, entre ellos la citación a miembros de la comisión a declarar ante el juez, es extremadamente difícil, si no imposible, ayudar para asegurar que ETA lleve a cabo la intención que nos expresó».
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