En el informe que ha coordinado Manuel Lagares se repasa la capacidad normativa que tienen las autonomías actualmente en el IRPF, Sucesiones y Donaciones o en Patrimonio, así como para crear sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. «Han hecho uso abundante de esta potestad normativa», aseguran los expertos.
De cara a una futura reforma del sistema de financiación, la comisión explica que este debe garantizar la igualdad entre ciudadanos de distintas regiones y que la capacidad normativa fiscal de las autonomías no debe generar distorsiones.
Así, los impuestos que se pueden ceder a las autonomías y a los ayuntamientos deberían ser aquellos que están «vinculados» con el gasto que financian y con unos rendimientos relativamente estables, «para asegurar una adecuada planificación del gasto». Además, ni comunidades ni ayuntamientos «deberían tener acceso a impuestos que puedan provocar distorsiones en el comercio entre regiones o en el comercio internacional».
Copagos en el sistema de financiación
Dicho esto, los expertos creen que sería «razonable extremar» la capacidad normativa de las autonomías para «establecer copagos» en servicios como la Sanidad o la Educación y proponen integrar estos copagos en el nuevo sistema de financiación, fijando unos mínimos en todas las autonomías, que podrán así calcular sus ingresos, y dotándoles de capacidad para modificar los tipos de copago. Asumirán así «en exclusiva» las consecuencias recaudatorias.
Los expertos rechazan por otro lado ceder más IRPF a las comunidades, porque «se dejaría al Estado sin uno de los instrumentos de redistribución individual más importantes». Además, esta comisión censura la capacidad autonómica para establecer deducciones en la cuota del impuesto, que han proliferado con «objetivos muy diversos», sin estar muchas veces «justificadas» y en ocasiones generando «efectos contrarios».
En cuanto a los impuestos indirectos, los expertos recuerdan que la normativa comunitaria no permite tipos diferenciados por regiones, así que de establecerse alguno, proponen que sea colegiado, es decir, acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y con tipos de gravamen iguales para todo el territorio nacional.
Con respecto a los impuestos medioambientales, la comisión censura cómo se han desarrollado en las autonomías y hablan de «caos legislativo», al tiempo que aseguran que su territorialización puede tener efectos negativos.
Y sobre los tributos patrimoniales, los expertos apuestan también en este capítulo por eliminar Patrimonio y por mantener Sucesiones y Donaciones pero estableciendo unos determinados mínimos de tributación para evitar disparidades.
Por último, en materia de gestión tributaria, este grupo apuesta por mantener «un grado elevado de centralización» y por dotar al Consejo de Política Fiscal y Financiera de la capacidad de juzgar un impuesto antes de que lo cree una autonomía para comprobar si están ya gravados por el Gobierno Central, si afectan a la libre circulación de personas, mercancías y capitales y si «obstaculizan las transacciones».
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