«La tarjeta era un instrumento de pago que formaba parte de mi retribución salarial y como tal la acepté». Por lo tanto, argumenta, estaba incluida en su salario y respondía a su contrato.
Además, siempre según su versión, en su declaración ante el juez Fernando Andreu, que posteriormente le ha impuesto una fianza de tres millones, Rato ha explicado que la tarjeta estaba sujeta a retención como cualquier otro concepto salarial, «siendo plenamente coherente» con su retribución neta anual.
Rato, que no obstante ha devuelto los gastos cargados a Bankia y ha consignado los asumidos anteriormente por Caja Madrid, sostiene que la tarjeta era un instrumento de pago «público y conocido» que se había adoptado para los miembros del consejo y del comité de dirección de la caja desde hacía «al menos 15 años».
La tarjeta era nominativa y estaba emitida por Caja Madrid en un contrato estándar con visa, con lo que sus movimientos quedaban «perfectamente registrados» y «no podían ser, en ningún caso, ocultos».
La tarjeta para uso personal, al margen de la de representación, se entregaba a cada beneficiario «a iniciativa de la entidad como instrumento de pago de una parte de sus retribuciones», ha añadido.
Rato ha trasladado que la entidad conocía el uso detallado de la tarjeta y tenía en su poder, «como se ha comprobado», el detalle de cada operación, y era el departamento tributario y fiscal de la entidad el responsable y el encargado de aplicar las retenciones a las tarjetas y al conjunto de las retribuciones.
«Como con el resto de mis retribuciones por distintos conceptos, siempre di por hecho que lo que gastaba con la tarjeta en cuestión formaba parte de mi retribución global y que tanto ésta como sus retenciones estaban incluidas en mi certificado anual de retenciones, como no podía ser de otra manera al formar parte de mi salario», ha subrayado.
El también ex director gerente del FMI ha contado que Caja Madrid dio de alta su tarjeta el día de su incorporación a la entidad y, tras la creación de Bankia, fue ésta quien procedió a dar la baja el mismo día de su dimisión como presidente de este último grupo.
«Era, claramente, una tarjeta conocida, controlada y ligada al cargo», y quedó anulada junto con la de gastos de representación el mismo día de su marcha, cuando renunció a cualquier indemnización que legalmente le pudiera corresponder, incluida la de dos anualidades que figuraba en su contrato por no concurrencia.
En su declaración, el exministro ha asegurado también que en ningún momento durante su presidencia ningún responsable ejecutivo o consejero le planteó dudas o cuestiones sobre las tarjetas ni sobre las partidas en que se contabilizaban los gastos de las mismas.
Defiende que ha actuado, «en todo momento», conforme a la normativa de las entidades y muestra su total disposición a colaborar con las entidades legales o regulatorias pertinentes.
Eso sí, añade que, «si, al parecer, en una inspección realizada en 2007, Hacienda planteó la necesidad de que estas tarjetas no fueran contabilizadas como gasto de la entidad», a él jamás se le hizo llegar esta circunstancia ni se lo planteó ningún miembro de la entidad.
Rato ha aprovechado también para explicar que la fusión de Caja Madrid en BFA, la matriz de Bankia, no supuso extender la práctica de las tarjetas para usos personales a otras personas, consejeros o ejecutivos, procedentes de las otras cajas.
Por eso, sólo tres ejecutivos, «todos procedentes de Caja Madrid», mantuvieron la tarjeta hasta 2012, «a la espera de definir un futuro modelo retributivo homogéneo» para todo el grupo.
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