Sáenz de Santamaría ha realizado esa advertencia en la sesión de control del pleno del Senado después de que Mas haya propuesto por carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, entablar un «diálogo permanente» para acordar una «consulta definitiva».
La vicepresidenta ha acudido al Senado para responder a una pregunta sobre el 9N realizada por el portavoz de CiU en la Cámara, Josep Lluis Cleríes, quien ha destacado la «lección de democracia» que dio Catalunya el 9N pese a las «amenazas» del Gobierno, al que ha pedido «menos tribunales y más política».
«Su Gobierno se salta la ley con la excusa de la política», ha subrayado la vicepresidenta, quien ha acusado a Mas de estar durante toda la legislatura sometiendo a los ciudadanos catalanes a la tensión y a la inestabilidad.
Para Sáenz de Santamaría, Cleríes ha presentado como un éxito lo que fue «un fracaso de la Generalitat y de su partido», en referencia a CiU, porque dos de cada tres catalanes, incluidos menores y extranjeros, «les han ignorado».
Tras señalar que no iba a entrar a discutir sobre las cifras ofrecidas por la Generalitat por respeto al Senado, ha recalcado que la única aportación política que ha hecho el Gobierno de Catalunya es «la constatación formal de la división y la tensión» a la que cree que han sometido a los catalanes.
«La única agenda política de estas dos medias legislaturas del del señor Mas es inestabilidad y tensión, política extrema», ha explicado Sáenz de Santamaría, quien ha acusado a CiU de haber hecho del objetivo de los partidos minoritarios su único programa de Gobierno.
Eso, a su juicio, no es hacer política, porque esta consiste en gobernar para todos los ciudadanos y no alentar discursos sólo para una parte olvidando a todos lo demás.
Ha añadido que gobernar es trabajar dentro de la ley, máxime si se desea cambiar, ya que ha destacado que la ley es la expresión política de la voluntad ciudadana.
«Y usted no respeta lo que dicen los ciudadanos», le ha espetado la vicepresidenta a Cleríes, al que ha trasladado que gobernar es al mismo tiempo trabajar con lealtad, porque dialogar sobre las reglas de la democracia exige en primer lugar respetarlas.
Todo eso es lo que ha asegurado que hace el Gobierno, mientras que ha insistido en que el Ejecutivo de la Generalitat «se salta la ley con la excusa de la política».
Asimismo, ha precisado que ha sido el propio Mas quien ha reconocido que lo del 9N no era un referéndum ni era legal al pedir, tras el cierre de las urnas, un referéndum legal.
«A confesión de parte, no tengo nada que objetarle», ha añadido la vicepresidenta, quien ha reiterado que el derecho de autodeterminación que pide CiU no es posible ni en la Constitución española ni en ninguna otra de las democracias de nuestro entorno salvo que se cambie.
Desde un punto de vista político, ha advertido de que con el PP en el Gobierno, CiU «no juegue con la soberanía de los españoles».
«Convendría menos retórica y más las cosas claras. Si lo que quieren -ha añadido- es la independencia de Catalunya, difícilmente vamos a llegar a un acuerdo, porque ni este Gobierno ni este partido va a prestar sus votos para un acuerdo de secesión», ha garantizado.
Cleríes ha considerado que lo que hace el Ejecutivo de Mariano Rajoy es oprimir a los catalanes y le ha acusado de «esconderse detrás de los tribunales» y querer generar «miedo y confusión».
Para el portavoz de CiU, el Gobierno faltó al respeto al pueblo catalán al decir que lo que hubo el domingo fue una farsa, cuando, en su opinión, fue una muestra de reafirmación de la dignidad de Catalunya como nación.
Tras instar al Ejecutivo a responder con política desde el diálogo, le ha pedido que olvide «la política del ordeno y mando» y deje de tratar a los catalanes como súbditos.
«Si lo que pasó el domingo fue tan ilegal como ustedes dicen, ¿por qué lo permitieron? Ningún juez lo prohibió», ha recordado Cleríes quien ha considerado que mientras el 9N los catalanes hacían cola para votar, el Gobierno central se situaba «en la cola de la democracia».
Además, ha lamentado que sean dirigentes del PP los que avancen las actuaciones de la Fiscalía y ha considerado que la Generalitat ha actuado «dentro de la legalidad de Catalunya y de los derechos de Catalunya como nación» a los que ha asegurado que no se va a renunciar, entre ellos el derecho a decidir y a opinar.
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