El Tribunal de lo Criminal de París sentenció también a Goieaskoetxea, de 49 años, a su expulsión definitiva de Francia al término del cumplimiento de la condena, lo que significará su entrega a España, donde tiene cuentas abiertas con la Justicia, con una euroorden pendiente de ejecución.
La corte decidió fusionar la pena de hoy con las dos que ya se habían dictado contra él en Francia, una a siete años y otra a cinco, lo que significa que, a efectos de cálculos, el total de las condenas es de 14 años, equivalente a la mayor de ellas.
Este etarra -natural de Gernika (Vizcaya) y hermano de Eneko Goieaskoetxea, otro miembro de la organización terrorista encarcelado en España- fue absuelto de parte de los 31 delitos por los que estaba encausado.
Se trata de los referidos a un atraco a mano armada con violencia cometido por un comando de ETA contra una ferretería de Mirebeau (centro de Francia) el 28 de enero de 2010 para robar decenas de placas de matrículas y una prensa troqueladora.
Los magistrados, cuya deliberación se prolongó cuatro horas, consideraron que no había suficientes pruebas contra él, pese a que en el lugar de los hechos se encontró el ADN de dos personas vinculadas con ETA, una de ellas el propio Goieaskoetxea, que había dejado su traza en un cordón utilizado para atar al dueño de la ferretería.
La otra huella genética es de una persona que no se ha conseguido identificar hasta ahora, pero que también dejó ADN en un zulo de ETA descubierto por las fuerzas del orden en el sur de Francia.
Cuando fue capturado en una casa rural de Cahan, en Normandía, junto a José Lorenzo Ayestarán y Beñat Aguinagalde, a Goieaskoetxea se le requisó una pistola de descargas eléctricas que para la acusación podía corresponder al arma con la que fue agredido el comerciante.
El tribunal finalmente no consideró esa y las otras pruebas suficientes.
En Cahan, esos tres etarras tenían un coche robado, dos pistolas, un revólver, una metralleta, munición, detonadores, componentes para explosivos, sistemas electrónicos de activación, abundante material informático, documentación falsificada y más de 8.000 euros en efectivo.
Ayestarán y Aguinagalde fueron juzgados en diciembre de 2013 por los hechos que derivaban de esa operación y condenados a seis y cinco años, respectivamente, penas que ya cumplieron y al término de las cuales fueron entregados a España, donde también tenían causas abiertas.
La fiscal de este proceso en París, Maryvonne Caillibotte, que había solicitado 15 años contra Goieaskoetxea, rechazó en su requisitoria la pretensión del acusado de que los jueces dictaran sentencia teniendo en cuenta lo que denominó «proceso de paz» en el País Vasco.
Caillibotte insistió en que debía ser «condenado por lo que hizo, de forma precisa», y no por los acontecimientos actuales en Euskadi, con los que «no tiene nada que ver».
En particular, porque hasta su detención «pertenecía a la línea dura» que lideraban los que fueron jefes del aparato militar Garikoitz Aspiazu Rubina, «Txeroki», y Mikel Carrera Sarobe, «Ata», y su acción terrorista estaba «en completa contradicción» con los mensajes conciliadores.
La fiscal hizo hincapié en que la obligación del tribunal es «aplicar el Código Penal».
Durante el proceso iniciado el 22 de junio, el comandante de la Subdirección Antiterrorista de la Policía Judicial francesa (SDAT) Laurent Hury dijo que el etarra había tenido «una posición bastante elevada en la organización, pero no era el jefe logístico-militar».
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