Varios inmigrantes caminan hacia la frontera con Austria desde la estación ferroviaria de Hegyeshalom, a 168 kilómetros de Budapest, en Hungría. | CSABA KRIZSAN

El Gobierno ha decidido destinar, con carácter excepcional, 13 millones de euros durante 2015 y 2016 a la Cruz Roja, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM) para atender a los refugiados que España va a acoger.

Esta cantidad, que se aprobará este viernesen Consejo de Ministros a través de un real decreto, estará dedicada al sistema de acogida e integración de solicitantes y beneficiarios de protección internacional, según ha explicado este jueves la ministra de Empleo y Seguridad Social durante la segunda reunión del grupo interministerial sobre la crisis de inmigración y asilo.

La reunión, celebrada en La Moncloa, ha estado presidida por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y a ella han asistido los ministros de Justicia, Educación, Cultura y Deporte, Empleo y Seguridad Social y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

En el encuentro se han comentado las últimas decisiones adoptadas para «asegurar una adecuada recepción, atención e integración de los solicitantes de protección internacional en España».

Manifestaciones

Paralelamente, para este fin de semana se han convocado manifestaciones en varias localidades de España bajo el lema «Por una Europa solidaria. Refugiados, bienvenidos».

Apoyan estas movilizaciones los sindicatos CCOO y UGT y los partidos de la oposición PSOE, IU, UPyD, Podemos, Equo-Compromís y Geroa Bai.

En la presentación del manifiesto conjunto, estos sindicatos y partidos han censurado la política exterior europea y han instado a una movilización cívica «vigilante» y «permanente» contra las «excusas» que puedan poner la UE y el Gobierno español para acoger refugiados.

La Cumbre Social Estatal también respalda esas manifestaciones de solidaridad hacia las 400.000 personas que, según Eurostat, han llegado a la UE en situación de riesgo o persecución en 2015.

Ramón Górriz, portavoz de CCOO, ha demandado al Gobierno un plan «que sirva» y sea urgente para la acogida e integración, y ha considerado un buen punto de partida, pero «insuficiente», las medidas tomadas ayer en el Parlamento.

Se ha referido así al acuerdo entre PP y los grupos de la oposición en el Congreso para que los presupuestos generales del Estado de 2016 aumenten en 200 millones de euros la partida del programa de reasentamiento y reubicación de refugiados.

El manifiesto también pide al Gobierno que defienda una operación europea permanente de ayuda y salvamento de los refugiados, coordinación de administraciones, una mesa con fuerzas políticas y sociales y que facilite en fronteras y consulados la solicitud y tramitación de las demandas de protección internacional.

Juantxo López de Uralde (Equo-Compromís) ha pedido evitar cualquier declaración que pueda dar pie a la «xenofobia» y el coordinador federal de IU, Cayo Lara, no ha querido dar más valor que el de la anécdota a quienes quieran «intoxicar» advirtiendo que pudieran entrar yihadistas entre los refugiados.

Jorge Alexandre (UPyD) ha señalado que los derechos de todos los refugiados son los mismos, también de los que proceden de África, y es un problema probablemente de políticas «poco acertadas» de la UE en la promoción de la democracia y los derechos humanos fuera de Europa.

Por otro lado, diversas ONG y colectivos sociales han celebrado la decisión del Gobierno español de aceptar la propuesta de acogida de refugiados (suman un total de 7.680) que le ha trasladado la Comisión Europea y han ofrecido ayuda a las personas que lleguen a España.

La mejora de las cifras de acogida ha sido «gracias al trabajo de las organizaciones sociales y la presión ciudadana», según ha resaltado la secretaria general de CEAR, Estrella Galán.