La Fiscalía de la Audiencia Nacional acusa a los responsables del sindicato Manos Limpias y Ausbanc de delitos de extorsión, pertenencia a organización criminal, fraude en las subvenciones, estafa y administración desleal, han informado fuentes jurídicas.

Considera que los responsables de ambas entidades de conformaron desde hace años una trama en la que extorsionaban a entidades bancarias a cambio de no iniciar acciones legales contra ellas en los tribunales.

Fuentes jurídicas han concretado que la investigación sobre esta trama se inició el 23 de febrero de 2015, hace más de un año.

La Policía Nacional ha detenido ya al menos a once personas vinculadas a Manos Limpias y Ausbanc en el marco de la 'operación Nelson'. Los arrestados exigían a los bancos sumas de dinero a cambio de no difundir sobre ellas informaciones negativas o a cambio de no ejercer contra ellas acciones legales en los tribunales.

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Entre los once se encuentran los responsables de ambas entidades, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, y el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, quien ha sido arrestado pasadas las 11.15 en la estación de Atocha de Madrid procedente de la Feria de Abril de Sevilla. Junto a él ha sido arrestada también su mujer, María Teresa Cuadrado Díez, que fue directora general de Consumo de la Comunidad de Madrid durante el Gobierno regional de Alberto Ruiz Gallardón. También ha sido detenida su secretaria.

«En el curso de la instrucción se han podido obtener suficientes indicios de que las personas detenidas utilizaban sus asociaciones, que supuestamente no tienen ánimo de lucro, para su enriquecimiento personal o el de sus allegados», dice el Ministerio Público.

Agrega que, además de extorsionar a los bancos, obtenían fraudulentamente subvenciones y ofrecían «la retirada de la acción penal en algunos procesos previa exigencia de importantes cantidades de dinero», actividades que desarrollaron de forma organizada y prolongada en el tiempo.

En concreto, existen indicios de que el sindicato Manos Limpias ofreció a La Caixa y el Banco Sabadell retirar la acusación contra la Infanta Cristina que ejerce contra ella en el 'Caso Noós' a cambio de cobrar tres millones de euros, han confirmado fuentes de la Audiencia Nacional.