El soberanismo catalán afronta un año decisivo para tratar de materializar su hoja de ruta hacia la independencia, con el referéndum -previsto para septiembre- en el horizonte y en pleno pulso con los tribunales y con un Gobierno que ofrece un diálogo al que los independentistas no dan credibilidad.

Después de un 2016 que se abrió con un turbulento acuerdo de investidura entre los dos grupos independentistas en el Parlament, Junts pel Sí (JxSí) y la CUP, que obligó a Artur Mas a apartarse y propulsó a la presidencia de la Generalitat al hasta entonces alcalde de Girona, Carles Puigdemont, el Govern se prepara para impulsar un referéndum, con o sin el aval del Estado. Estas son las claves de la política catalana para 2017:

Referéndum

Puigdemont, que el pasado septiembre se sometió a una cuestión de confianza en el Parlament para calibrar si había perdido el apoyo de la CUP tras ver tumbados sus presupuestos para 2016, ha garantizado que este año convocará «indefectiblemente» a los catalanes a pronunciarse en las urnas: «Referéndum o referéndum», dijo, para dejar claro que no se conformará con un nuevo veto del Estado.

El Constitucional, sin embargo, ya ha suspendido la resolución de JxSí y la CUP en favor de un referéndum unilateral, en el que según la última encuesta de la Generalitat vencería el «no» a la secesión.

Para visualizar un frente común entre independentistas y confluencias de la izquierda alternativa en favor del derecho a decidir, Puigdemont ha impulsado el Pacto Nacional por el Referéndum que se propone buscar adhesiones en favor de un referéndum pactado, pero ya ha advertido de que si no llega el acuerdo no se desdirá de su compromiso de septiembre.

Para amparar el referéndum bajo un marco legal estrictamente catalán, JxSí y la CUP tienen ya guardada en un cajón una «ley de transitoriedad jurídica», la más importante de las llamadas «leyes de desconexión», que prevén presentar antes de verano para que sirva de paraguas legal para la consulta y una eventual proclamación unilateral de una «República de derecho, democrática y social».

Presupuestos de la Generalitat

Para poder culminar la legislatura con el prometido referéndum y no tener que anticipar elecciones, Puigdemont ha puesto como condición que la CUP permita la aprobación de los presupuestos para 2017, que incluyen una partida explícita de 5,8 millones de euros para la organización del referéndum.

La CUP ha facilitado la admisión a trámite del proyecto presupuestario del Govern, pero de momento no ha garantizado su apoyo a la aprobación definitiva de las cuentas, una decisión que tomará a finales de enero, poco antes de la votación en el pleno.

Operación diálogo

Poco después de tomar posesión, el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha la llamada «operación diálogo» para intentar arrastrar a las instituciones catalanas hacia un terreno de juego en el que se pueda negociar cualquier tipo de mejora del autogobierno, salvo un referéndum como el que promueven los independentistas.

El nombramiento del hasta entonces portavoz del PPC en el Parlament, Enric Millo, como nuevo delegado del Gobierno en Cataluña y la implicación de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha intensificado su presencia en Cataluña, pretenden visualizar esta operación de mano tendida, aunque la presión judicial sobre cargos electos soberanistas no ha hecho desaparecer las tensiones.

Esta operación deberá ir de la mano del liderazgo del presidente del PPC en el Parlament, Xavier García Albiol, pendiente del congreso regional.

Tribunales

Los frentes judiciales abiertos por causas relacionadas con el proceso soberanista se han multiplicado en 2016 y muchos de ellos pueden resolverse este año, como el que afecta al expresident Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, que del 6 al 10 de febrero serán juzgados por desobedecer al TC al mantener la consulta soberanista del 9N de 2014.

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs, irá probablemente a juicio por el mismo motivo, mientras que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, afronta su posible inhabilitación por haber permitido la votación de un documento relacionado con el proceso soberanista.

También en las filas de la CUP siguen los procesos judiciales por desobediencia, como es el caso del concejal de Vic (Barcelona) Joan Coma, o los jóvenes que quemaron fotografías del Rey en la última Diada.

Hegemonía soberanista

Pese a cumplir sin sobresaltos internos su primer año de gobierno de coalición, el PDeCAT -antigua Convergència- y ERC se miran de reojo, en su disputa soterrada por la hegemonía en el campo soberanista.

Después de que en las últimas elecciones catalanas convergentes y republicanos concurrieran de la mano en la candidatura conjunta de JxSí, las encuestas sitúan a la ERC de Oriol Junqueras en primera posición, muy por delante del PDeCAT, aún sin candidato claro para la próxima contienda electoral -Puigdemont no prevé presentarse- y que podría caer por debajo de la tercera plaza.

Izquierda alternativa

Los «comunes», confluencias de izquierdas que integran a Podemos, ICV, EUiA y la Barcelona en Comú de Colau, impulsan la articulación de un nuevo partido, en el que de momento Xavier Domènech actúa de portavoz y que debería cristalizar en primavera, con la intención de disputar al independentismo la hegemonía política en Cataluña.

Este complicado proceso de confluencia se desarrollará en paralelo a los preparativos del referéndum, que los «comunes» quieren que sea pactado, aunque pueden verse empujados -no sin tensiones internas- a tomar partido por una de las dos partes si el Estado lo veta y el Govern decide organizarlo de manera unilateral.

Encaje socialista

Mientras tanto, el PSC experimenta según los sondeos una ligera recuperación, después de que los socialistas catalanes marcaran perfil propio al desobedecer a la gestora del PSOE por negarse a facilitar con una abstención la investidura de Mariano Rajoy.

Para restañar heridas, una comisión formada por representantes de ambos partidos explora la revisión del protocolo de relación que mantienen PSC y PSOE desde el restablecimiento de la democracia.

Moderación naranja

Pese a los discretos resultados obtenidos en las pasadas elecciones generales en Cataluña, Ciudadanos sigue siendo el principal partido de la oposición, con Inés Arrimadas al frente.

La formación naranja, que en febrero celebrará su asamblea general, ha modulado su tono en los últimos tiempos para dejar de ser percibido como un partido orientado a criticar la inmersión lingüística, lo que le permite competir por un electorado moderado no independentista pero tampoco beligerante con el catalanismo.