El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados. | EUROPA PRESS

El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha solicitado este miércoles al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, un "mínimo de generosidad" en su respuesta al requerimiento que le ha realizado el Gobierno parar "abrir vías de cara al futuro".

Rajoy ha hecho esta apelación durante su intervención ante el Pleno del Congreso, donde ha explicado que el requerimiento del Gobierno da de plazo a Puigdemont hasta el lunes 16 de octubre para que responda si ha declarado la independencia porque los catalanes "tienen derecho a saberlo". Ese requerimiento fija un segundo plazo, hasta el jueves 19 de octubre, para que las autoridades de Cataluña vuelvan "a la legalidad".

El Gobierno activará el siguiente paso en la aplicación del artículo 155 de la Constitución si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no responde al requerimiento que se le ha hecho este miércoles para saber si ha declarado o no la independencia o si lo hace, por ejemplo, remitiendo a Moncloa el discurso que pronunció el martes ante el Parlament.

Así lo recalcan fuentes gubernamentales, que insisten en que, ante la pregunta formulada por el Ejecutivo únicamente cabe contestar con un 'sí' o un 'no', y que cualquier otra contestación se entenderá como 'respuesta nula', o sea, una negativa a responder.

FORCADELL TAMBIÉN ESTÁ AFECTADA

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También subrayan que el requerimiento, aunque se dirige a Puigdemont como máxima autoridad de Cataluña, afecta también a la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, y al resto de la Mesa de la cámara autonómica puesto que el Gobierno demanda saber si alguna "autoridad" ha hecho esa declaración de independencia.

Es decir que es el presidente de la Generalitat quien debe recabar la respuesta del resto de instituciones catalanas, sin necesidad de que el Gobierno de la Nación tenga que haberse dirigido a cada una de ellas.

En todo caso, desde Moncloa admiten que, con independencia de las derivas jurídicas de este asunto, aún ven margen para una rectificación política porque, si no, añaden, no habrían cursado el requerimiento.

LA SEGUNDA FASE AÚN NO ESTÁ DEFINIDA

Además, reconocen que todavía no se han definido todas las medidas que podrían proponerse de activarse la segunda fase del 155 y, por eso, no avanzan si éstas podrían ponerse sobre la mesa ya en el Consejo de Ministros del 20 de octubre.

Una de las cuestiones que podría plantearse entonces sería llevar la declaración de independencia ante el Tribunal Constitucional, ya fuera mediante una ejecución de sentencia de los recursos presentados contra la ley de referéndum o mediante una impugnación de un acto realizado por un representante de comunidad autónoma.