El Ministerio Público también rebaja la petición de pena para el número 'dos' de Correa, Pablo Crespo de 22 a 13 años y medio de prisión y al responsable de responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes' de 27 a 16 años y medio de cárcel. Les atribuye delito electoral en las municipales y autonómicas de 2007 y generales de 2008, delito continuado de falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública por defraudación del IVA y del Impuesto de Sociedades y, en el caso del 'Bigotes', además, delito por defraudación tributaria del IRPF.
En menor grado, pide una reducción de la pena de cárcel de tres meses para el exvicepresidente de la Comunidad Valenciana Vicente Rambla (6 años y medio), para el que fuera gerente de la empresa de Correa, Cándido Herrero, (16 años y 9 meses) para la exgerente del PP valenciano Cristina Ibáñez y para el exvicesecretario de organización del PP valenciano, David Serra. A estos dos últimos se pasa de pedir siete años y nueve meses a siete años y medio de pena.
Para la extesorera del PP valenciano y exdiputada de las Corts, Yolanda García, se modifica la petición de medio año a cinco meses mientras que en el caso del cerebro financiero de la red corrupta, Ramón Blanco Balín, le mantiene su petición inicial de 15 años de prisión.
La Fiscalía también reclama para los acusados multas; la más elevada de 4,5 millones de euros para Correa por los delitos arriba mencionados además de fraude del IVA en los ejercicios 2005, 2007 y 2008 y del Impuesto de Sociedades durante los años 20005, 2006 y 2007. Para su socio en Orange Market, Álvaro Pérez, impone multa de 787,600 euros al incluirle dos delitos en el IRPF de los ejercicios de 2006 y 2007.
ATENUANTE DE CONFESIÓN
La rebaja de 15 años de cárcel para el líder de la trama se produce tras aplicar Anticorrupción la atenuante de confesión después de que este reconociese en la vista oral que el PP liderado por el entonces presidente valenciano, Francisco Camps, pagó en negro a la red. La reparación del daño está relacionado con que antes del inicio del juicio pidió que se desbloquease de su cuenta en Suiza más de 2,06 millones de euros para poder hacer efectiva la indemnización por la defraudación tributaria cometida por Orange Market.
Por su parte, el abogado del Estado, que les acusa de delitos contra la Hacienda Pública, ha modificado también su petición e interesa que a Correa se le aplique la atenuante por reparación del daño y el reconocimiento de los hechos. También solicita que se tengan en cuenta la colaboración con la Justicia durante la vista oral por parte de Crespo, 'El Bigotes', Herrero y Blanco Balín.
Anticorrupción también aplica la atenuante a los nueve empresarios que confesaron al comienzo de la vista oral que financiaron de forma irregular a la formación popular en Valencia y pasa de solicitar para los patronos penas de entre cuatro y seis años de prisión a condenas que oscilan entre 15 y 21 meses de prisión por delitos electorales y falsificación en documento mercantil.
Con todo, la petición de cárcel se sustituirá por multas que inicialmente oscilaban entre los 45.000 y los 63.000 euros para los nueve empresarios que alcanzaron acuerdo de conformidad con la Fiscalía y que son: Enrique Ortiz, Alejandro Pons, José Antonio Francisco Beviá, Enrique Gimeno Escrig, Tomás Martínez Berna, Rafael Martínez Berna, Antonio Pons Dols, Gabriel Alberto Batalla Reigada y Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Cortes valencianas Juan Cotino.
MÁS DE DOS MILLONES PARA CAMPAÑAS EN 'B'
Según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, el PPCV pagó a Orange Market un total de 3,4 millones de euros por la organización de eventos y los actos de campaña para las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y generales de 2008. En relación con los comicios, precisa que la formación política abonó 2,03 millones de euros, de los cuáles 1,2 millones fueron sufragados por los empresarios.
El líder de la trama Gürtel, con su intención de colaborar con la Justicia, reveló que la formación política regional, y precisamente Costa, les indicó a quiénes tenían que facturar los actos que realizaron si «querían cobrar». Más allá fueron Crespo y 'El Bigotes', que apuntaron directamente al expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps como el responsable de la orden de girar facturas falsas a terceros.
Una afirmación que fue corroborada después por el propio Ricardo Costa, que además enfatizó que comunicó las decisiones de Camps a la dirección nacional del PP. Concretamente al extesorero Luis Bárcenas, quien le recordó --según contó el exsecretario general del PPCV-- que estas prácticas están prohibidas en el partido.
1 comentario
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no si al final...todos contentos ¿¿¿???? increible y no es utopia