En concreto, las pesquisas en la Audiencia Nacional comenzaron en marzo de 2016, un año antes de que el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona se hiciese cargo de la investigación de la organización del referéndum y todo lo relacionado con la construcción de una hipotética república catalana.
La investigación estuvo encabezada por el entonces fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, quien puso al frente de las pesquisas a Daniel Campos, con el respaldo de la entonces fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal. La instrucción empezó así con tres fiscales, pero a medida que pasaron los meses fue cambiando de manos: Madrigal fue sustituida por José Manuel Maza, Zaragoza por Jesús Alonso y Campos por Miguel Ángel Carballo. Los tres continuaron firmando los escritos que hacían avanzar la investigación.
Se da la circunstancia de que Zaragoza y Madrigal son dos de los cuatro fiscales que acusarán de rebelión, malversación y desobediencia en el juicio del 'procés' que se celebrará el año que viene el Supremo, así que cuando empiece la vista oral los dos ya habrán cumplido más de tres años investigando el proceso independentista.
Sin embargo, el Juzgado de Barcelona no ha tenido hasta ahora acceso a los resultados de más de 19 meses de investigación de estos fiscales ni a los informes de la Guardia Civil sobre las estructuras de Estado que habían recabado debido a un error: cuando la documentación llegó a Barcelona en septiembre de 2017, nadie se percató de que procedían de la Audiencia Nacional y pensando que eran papeles duplicados no se tuvieron en cuenta.
UN AÑO DE VENTAJA
El 17 de marzo de 2016, mucho antes incluso de que se pusiera fecha a la consulta independentista, Zaragoza incoó diligencias de investigación en la Audiencia Nacional tras el examen de un atestado policial levantado por presuntos delitos de sedición, malversación de caudales públicos, prevaricación y/o desobediencia en Cataluña, según consta en el escrito al que ha tenido acceso Europa Press.
Dicho atestado del Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la VII Zona de la Guardia Civil analizaba la creación de la «nueva Administración Tributaria Catalana como una de las estructuras de Estado que darán soporte al proceso unilateral de independencia que han puesto en marcha las instituciones autonómicas y locales de Cataluña, al margen de la legalidad constitucional, eludiendo abiertamente el cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional».
En una exposición de motivos que recuerda mucho al escrito de acusación del Ministerio Público de cara al juicio del 'procés', Zaragoza justificaba la apertura de diligencias porque ya desde 2012 CiU y ERC habían pactado «impulsar y materializar la creación de las estructuras necesarias para garantizar la efectividad del proceso de construcción de Cataluña como un Estado nuevo».
El entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional hacía después un relato de los pasos que había ido dando la Generalitat, de la que Carles Puigdemont acababa de tomar los mandos, de cara a la creación de la Hacienda catalana y la aprobación de planes para la preparación de las estructuras de Estado así como el inicio del proceso de independencia aprobado el 9 de noviembre de 2015. También recordaba las sentencias del Tribunal Constitucional suspendiendo estos planteamientos.
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