La ministra Portavoz, y de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, comparece ante los medios de comunicación tras la reunión del Consejo de Ministros en Moncloa. | Oscar Cañas - Europa Press

El Consejo de Ministros en funciones ha aprobado este viernes 12 de julio el Real Decreto de becas, que amplia el presupuesto inicial de 1.470 millones de euros en aproximadamente 40 millones para mejorar las condiciones de 17.000 becarios.

Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la titular en funciones de la cartera de Educación y Formación Profesional (FP), Isabel Celaá, después de que el Real Decreto de Umbrales, que regula el régimen de las becas y ayudas al estudio del curso 2019-2020, haya recibido el visto bueno del Gobierno.

«Con este Real Decreto de becas llegamos casi un mes antes que el año pasado. Con ello damos respuesta a una reivindicación largamente sostenida en el tiempo», ha defendido Isabel Celaá, para después añadir que se benefician cada año unos 800.000 alumnos.

El Real Decreto, elaborado conjuntamente por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, contempla un aumento presupuestario a fin de atender a 17.000 becarios, que pasarán a percibir una beca o una de mayor cuantía en virtud de las reformas introducidas en el cálculo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Como ha explicado el Ejecutivo, esta ley incrementó, en el cálculo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las reducciones aplicables a los rendimientos del trabajo, especialmente en las rentas más bajas. A efectos de concesión de becas, esto supone que una familia, con los mismos ingresos que el año anterior pueda obtener, en esta convocatoria, una renta computable más baja. Esta condición le permitirá acceder a una beca o que aumente la cuantía de la que recibía.

Además, por segundo año, a los estudiantes víctimas de violencia de género no se les aplicarán determinados requisitos académicos para acceder a las becas, como la carga lectiva superada en el curso anterior, el límite del número de años como becario o la exigencia de superar un determinado porcentaje de créditos, asignaturas, módulos u horas.

El Gobierno ha recordado que, antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros, el documento ha sido revisado por la Conferencia Sectorial de Educación, el Consejo Escolar del Estado, la comisión delegada de la Conferencia General de Política Universitaria y las comisiones permanentes del Consejo de Universidades y de CEUNE.

En el caso del Consejo Escolar, la comisión permanente de este órgano consultivo en el que están representados los diversos sectores de la comunidad educativa, aprobó el borrador de decreto de becas, pero en una segunda reunión, después de haberlo rechazado una semana antes por considerar que era «prácticamente el mismo que el anterior». Finalmente, el dictamen fue favorable pero STEs, CCOO, UGT y CEAPA, que rechazaban el documento, presentaron un voto particular en que criticaban que el borrador era una «mera copia» del presentado el año pasado.

Tras el rechazo en primera vuelta, el secretario de Estado de Educación en funciones, Alejandro Tiana, admitió en declaraciones a Europa Press que el Ministerio estaba dispuesto a asumir propuestas «admisibles» que no suponen «un coste económico adicional».

Previamente, en relación a una futura modificación del sistema de becas para próximos cursos, Tiana ya había apuntado que confía en tener una propuesta para reformar el actual sistema de becas y ayudas al estudio este año, siempre que Pedro Sánchez vuelva a ser investido presidente."Tenemos tiempo para perfilar la propuesta hasta principios del próximo año, con tiempo suficiente para que se puedan hacer los cambios el año que viene, ya con otra perspectiva», aseguró.

Paralelamente, el pasado mes de junio, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentó un informe sobre el sistema de becas en el que, entre otras cosas, recomendaba adelantar la convocatoria a enero, mejorar la información y actualizar los umbrales de renta.