La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (i), y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. | Kiko Huesca

Los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo ha llegado este martes a un nuevo acuerdo para prorrogar los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) hasta el 31 de mayo, que vencían a finales de este mes de enero.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo ha confirmado en una rueda de prensa para presentar los detalles del acuerdo, que se ha logrado «en un tiempo raudo y cumpliendo con un mandato: no agotar el tiempo de la negociación».

El nuevo acuerdo plantea extender los ERTE hasta el 31 de mayo manteniendo el esquema de exoneraciones y protección, así como las cláusulas de salvaguarda de empleo durante seis meses. También amplía la cobertura a algunas actividades o CNAE e incluye cambios administrativos que supondrán la prorroga automática de los expedientes en curso, descargado de costes de gestión y burocráticos a las empresas.

«Ha llegado la hora de que los empresarios confíen en este Gobierno y dejen atrás los prejuicios», ha recalcado Díaz. En estos momentos, hay más de 750.000 trabajadores acogidos a este mecanismo, según los datos de la Seguridad Social.

En materia de protección social ha dicho que se mantienen los niveles de protección para parados aunque carezcan de los requisitos de carencia. «Mantenemos y prorrogamos las medidas de protección para un colectivo que ha sido duramente golpeados», ha resaltado, tras apuntar que también continua la prohibición a las empresas acogidas a ERTE de despedir durante seis meses.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha agradecido por su parte la tarea de los interlocutores sociales «por haber creado este clima de entendimiento» que ha permitido que «con la suficiente antelación podamos anunciar este acuerdo».

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El Ejecutivo puso sobre la mesa un nuevo texto y el acuerdo quedó únicamente pendiente de que los órganos de dirección de sindicatos y patronal dieran su visto bueno al mismo. El Comité Ejecutivo de la patronal que dirige Antonio Garamendi ha dado esta misma mañana su respaldo, por unanimidad, al documento del Gobierno y Cepyme ha hecho lo mismo esta tarde.

Por su parte, CCOO y UGT, que esta mañana no daban el acuerdo por cerrado a la espera de que se resolvieran «algunos flecos», ya han comunicado su aval al último documento del Ejecutivo, según han señalado Escrivá y Díaz.

De esta forma, Gobierno y agentes sociales vuelven a alcanzar por acuerdo pleno una nueva prórroga de los ERTE, que mantendrá en términos muy similares la regulación actual, dejando como estaba el compromiso de mantenimiento del empleo durante seis meses a pesar de las demandas de las patronales para flexibilizarlo. La última propuesta presentada por el Gobierno planteaba la prórroga de todos los ERTE sin necesidad de nuevas autorizaciones administrativas, lo que ahorrará costes de gestión y burocráticos.

Al mismo tiempo, introduce un mecanismo automático de cambio entre los llamados ERTE de impedimento y de limitación para que se pueda transitar entre ambos tipos de ERTE sin necesidad de autorización administrativa.

Por lo demás, el planteamiento del Gobierno es renovar en bloque todos los mecanismos actuales de protección de trabajadores y empresas, si bien no se descarta que se sumen nuevos sectores a la categoría de 'ultraprotegidos'. «El marco de ERTE que se ha aprobado, en lo sustancial, mantiene el modelo que ha estado vigente estos últimos cuatro meses», ha añadido Escrivá.

Así, la propuesta del Gobierno para prorrogar los ERTE mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo y la prohibición a las empresas que hagan ERTE de despedir, repartir dividendos y realizar horas extraordinarias. Los trabajadores afectados por ERTE seguirán teniendo acceso a la prestación sin periodo de carencia, no les computará el periodo consumido hasta enero de 2022 y la prestación equivaldrá al 70% de la base reguladora.

Ambos ministros han apuntado que esta nueva prórroga supone un coste de más de 5.000 millones de euros.