El castigo a los clientes y otras claves de la ley de la prostitución

Esta propuesta arranca de la negativa de buena parte de Unidas Podemos y algún otro socio a incluir aspectos de la misma en el texto de otra norma anteriormente tramitada, la conocida como como ley del solo sí es sí, cuya redacción y desarrollo capitalizó el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. En aquel momento el PSOE accedió a sacar de la norma los castigos a los puteros y a los proxenetas que se lucran con la actividad sexual, habida cuenta de los distintos planteamientos de fondo sobre una cuestión sensible. Entre la bancada socialista existe una posición mayoritaria: ven la prostitución como una violencia contra la mujer, algo en lo que también coinciden los populares. Por su parte, otros apuntan que la experiencia demuestra que la prohibición no ha erradicado los abusos, y en todo caso determinadas personas pueden acudir a este método para ganar dinero de forma voluntaria y consciente.

Eso explica su negativa a apoyar la ley que defiende el PSOE, y que ha seguido 'viva' gracias al apoyo parlamentario del PP. El principal partido de la oposición la avaló y sin embargo la propuesta socialista ha recibido innumerables críticas, algunas de ellas comunes, como los reproches al camino elegido, mediante una proposición de ley fruto de una disputa previa con Unidas Podemos, y también al fondo del asunto, por optar por un enfoque «punitivista» que olvida las necesidades de las víctimas, en especial una reforma de la ley de extranjería que les dé papeles.

Entre las principales claves de la propuesta socialista para elaborar una legislación para abolir la prostitución y ampliar los derechos de las mujeres se incardina una renovada concepción según la cual las trabajadoras del sexo serán tratadas como víctimas a las que hay que proteger en lugar de criminalizarlas, como ocurriría con cualquier prohibición total de la prostitución. Para ello proponen introducir penas de cárcel más altas para el proxenetismo, eliminando el requisito actual de que la policía demuestre que existe una relación de explotación con la trabajadora sexual.

La propuesta también castigaría a cualquiera que utilice un local para la prostitución, y a los hombres que compren sexo, los puteros, con penas agravadas si la víctima es menor o está clasificada como vulnerable. Aunque la explotación sexual y el proxenetismo son ilegales en España distintos tipos de establecimientos funcionan 'de facto' como burdeles. Visto el intenso debate que ha suscitado la propuesta dentro y fuera del hemiciclo se espera que la tramitación sea larga y no exenta de choques y obstáculos.