Investigan a una familia por transformar ilegalmente 400 hectáreas de terreno secano en regadío

Los presuntos infractores están acusados de delitos medioambientales

Imágenes de uno de las zonas donde se encuentran los cultivos | Vídeo: Guardia Civil

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El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Sevilla se encuentra investigando a cinco personas de la misma familia por un presunto delito contra el medio ambiente, usurpación y falsedad documental. En este sentido, los miembros de este grupo, según la Guardia Civil, habrían transformado más de 400 hectáreas de secano en regadío, «con daños en el ecosistema que podrían superar los seis millones de euros.

Los hechos han sido detectado en tres términos municipales de Sevilla: Villanueva del Río y Minas, Alcolea del Río y Lora del Río, en las mismas fincas que pertenecen al grupo familiar. Los terrenos, según informa ABC, eran de olivos en su mayoría, aunque también había naranjos, donde se cultivaban estos olivos mediante «captaciones no autorizadas» de agua tanto superficiales como subterráneas. Se da la situación, que la extracción podría darse directamente del río Guadalquivir sin previa autorización, así como usar pozos y sondeos con falta de permisos, además en periodos de sequía.

Se estima que, según el Seprona, un total de 270 hectáreas habrían sido transformadas sin ningún permiso otorgado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Asimismo, la investigación dio con una compra masiva de terrenos de secano que se convirtieron posteriormente en regadío. Algunas de las fincas, tal y como apunta ABC, se adquirían cerca de ríos o con derechos legales de captación para así poder tener más agua al alcance. Estas actividades podrían haber dado beneficios de más de tres millones de euros anuales a los responsables.

En la misma investigación, también se han comprobado varias infracciones administrativas, como que se disponía de cerramientos complejos, ocultación de motores, pozos y sistema de captación en casetas y estructuras metálicas. Además, se habrían apropiado presuntamente varias vías pecuarias y de caminos públicos, así como haber hecho trabajos de roturación y desmonte en zonas de servidumbre del arroyo Guadalbacor para hacer cultivos intensivos de olivar.

La familia también habría percibido ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea mediante la declaración fraudulenta de fincas, según informa ABC.