EditorialEivissa19/05/15 0:00
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El titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha expresado su disconformidad con los criterios que quiere aplicar la Unión Europea para el reparto del aluvión que inmigrantes ilegales que llegan hasta las costas de Italia, Malta y Grecia. Según los criterios que se están barajando, España debería acoger al 9,1% de los demandantes de asilo, además de 1.549 personas pertenecientes al programa que se quiere poner en marcha para transferir a Europa, de manera segura y legal, los alrededor de veinte mil demandantes previstos durante 2015 y 2016.

Las discrepancias. Desde un primer momento Francia expresó su oposición a la aplicación de un sistema de cuotas por parte de la Unión Europea para distribuir los miles de inmigrantes ilegales que colapsan los centros de acogida de Italia, Malta y Grecia. España también se muestra refractaria a participar a estos planes argumentando la elevada tasa de paro que acumula el país, aunque el Gobierno está dispuesto a aceptar la participación de un barco, un helicóptero y un avión de reconocimiento en el despliegue militar internacional destinado a controlar las mafias. La estrategia española da la impresión de que se centra en mantener el problema de la inmigración ilegal, y sus consecuencias, alejado de la sociedad. El interés electoral se impone a la imprescindible solidaridad ante un drama de dimensiones inabarcables.

Frenar la desesperación. Combatir las mafias que trafican con seres humanos es sólo una parte del problema de la inmigración ilegal en Europa, cuya raíz está en la desesperación de miles de personas del continente africano, que están dispuestas a arriesgar su vida, y sus escasas pertenencias, por una oportunidad en cualquier país occidental. Junto con la ayuda humanitaria que requieren todas estas personas, lo importante es establecer planes que eviten que su futuro pase por una travesía incierta a bordo de una patera.