La apertura de un expediente informativo con motivo de la fenomenal pitada que se registró el pasado sábado durante la interpretación del himno nacional en el Camp Nou, durante los prolegómenos de la final de la Copa del Rey de fútbol, es la fórmula acordada por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte para ganar tiempo y diluir la polémica. Poco o nada podrán aportar los informes policiales de una protesta protagonizada, de manera pacífica, por decenas de miles de asistentes al encuentro que disputaron el Barça y el Athletic de Bilbao.
Rechazo social y político. Lo ocurrido el pasado sábado podrá ser considerado por un sector de los ciudadanos como un comportamiento incívico o antipatriótico, aunque es una actitud –hay que insistir en su carácter pacífico– que responde a un sentimiento social o político real que comparten miles de ciudadanos vascos y catalanes. El Gobierno, que de manera atropellada emitió un comunicado de condena, debería preguntarse las razones por las que los aficionados aceptan en masa participar en una sonora protesta que duró 48 segundos. Hablar de manipulación, como han manifestado distintos responsables del Consejo Superior de Deportes, en situaciones como ésta –los precedentes son variados y en distintas disciplinas deportivas– es un pretexto que roza el ridículo, como también lo es tratar de acallar los silbatos mediante sanciones a los clubes.
Libertad de expresión. La Constitución vigente acepta, incluso, la defensa de un régimen republicano frente a la actual monarquía parlamentaria. Siempre dentro de la legalidad democrática y sin hacer uso de la violencia. La pitada en la final de la Copa del Rey no es más que un modo de dar a conocer una protesta dentro del marco de la libertad de expresión, que podrá ser considerada más o menos conveniente, oportuna o educada –respetar los símbolos también es un signo de buena convivencia–. Acallarla no resuelve el problema.
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Una España, democrática y progresista, que acepta las libertades individuales y colectivas. Otra España, hija y nieta de dictaduras monárquicas y militares, que no sabe vivir en dignidad propia y no es homologable en una Europa democrática. El precipitado comunicado de condena del Gobierno a la media parte del partido es un ridículo frente al mundo y banderín de enganche de una podrida intolerancia.