El Parlament balear aprobó, con una extraña votación, la designación de los expresidentes Francesc Antich y José Ramón Bauzá, socialista y conservador, respectivamente, como representantes de la Comunitat Autònoma en el Senado. El primero de ellos prorroga, así, cuatro años más su presencia en la Cámara Alta. Los nombramientos confirman que el comportamiento de los partidos en Balears sigue las pautas del resto del Estado y premia con un ‘retiro’ bien remunerado –con cargo a los fondos públicos– a sus fracasados dirigentes en las urnas. El proceder resulta extraño y consolida la impresión de que el vigente sistema requiere una profunda renovación.

Una gratificación. El Senado es para muchos políticos la prolongación de una actividad profesional cada vez más alejada del servicio público, salvo honrosas excepciones –como podría ser el caso de la etapa que cubrió el nacionalista Pere Sampol–. Antich y Bauzá se suman a una larga lista de exdirigentes que se han acomodado en los escaños senatoriales sin que su labor pueda ser visualizada, sumidos a la disciplina de sus respectivos partidos y desconectados, en la práctica, de los problemas de sus respectivas comunidades. Un escaso bagaje para una institución que reclama la representación territorial del Estado, papel que todavía tiene por estrenar, y que es incapaz de transmitir a los ciudadanos la labor que desarrollan sus integrantes.

Cambio radical. El Senado, y en especial sus representantes autonómicos, debe buscar una función práctica en el entramado institucional del Estado o, sencillamente, debe desaparecer en la próxima reforma constitucional. A partir de ahora Antich y Bauzá se desplazan al limbo de la política española, al paraíso de la representación casi protocolaria de Balears cuando, en realidad, deberían ser conscientes que son la voz del Parlament balear –y por tanto no sometidos a la disciplina de sus respectivas formaciones políticas–, que es tanto como decir de sus conciudadanos ante Madrid.