El anuncio de «consecuencias catastróficas» que hizo el secretario general de Sanidad, Rubén Alonso, por la devolución de las tarjetas sanitarias a los inmigrantes ilegales a cuenta de las sanciones que puede imponer la Unión Europea al Estado español no ha causado el efecto deseado. Incluso en la Comunidad de Madrid, gobernada por una coalición del PP y C’s, se sumaba ayer a una iniciativa que el Govern balear impuso como una de las primeras decisiones de los nuevos gobernantes. La intervención de Alonso, que tuvo lugar ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales en el Congreso, es más una amenaza política a las autonomías que un planteamiento serio que ponga en peligro el acceso a la sanidad pública de los ‘sin papeles’ en nuestro país.
EDITORIAL
La amenaza del Gobierno a los ‘sin papeles’
Eivissa22/08/15 0:00
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