EditorialEivissa25/08/15 0:00
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Transcurridas ya siete semanas desde la constitución del nuevo Govern, todavía quedan por nombrar cargos importantes de la Administración, como podrían ser los responsables del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) o Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM). Se trata, en ambos casos, de servicios públicos de primer orden que se mantienen en stand by a la espera de que lleguen sus respectivos dirigentes y la formación de los correspondientes equipos directivos. La demora revela las enormes dificultades que existen para incorporar a cargos de alta dirección personas preparadas y dispuestas a asumir un compromiso que lleva aparejado un notable coste de exposición pública, y con una remuneración ajustada si se la compara con actividades similares en la empresa privada.

Retrasos acumulados. Mientras en el resto de instituciones, como el Ajuntament de Palma o el Consell de Mallorca, la gran mayoría del organigrama institucional ya ha sido sustituido y cabe suponer que ya está trabajando en los nuevos proyectos políticos de la legislatura, en el Govern se percibe una mayor lentitud. Es probable que motivada, en parte, por algunas polémicas aparecidas con determinados nombramientos pero que, en ningún caso, justifican la parálisis de servicios clave como el SOIB o SFM. Prolongar, como es el caso, la provisionalidad en la toma de decisiones no es una fórmula adecuada y menos cuando no hay una fecha fijada para cubrir sendos puestos, circunstancia que genera retrasos en un período clave para la planificación de las políticas que se desarrollarán durante la legislatura.

Arrancar la legislatura. Si se exceptúa la campaña de control del fraude laboral, el Govern –cuando ya ha cubierto la mitad de los primeros cien días– puede agotar el plazo de gracia tras su llegada a la Administración autonómica con un balance pobre, quizá demasiado en relación a las expectativas generadas. Todavía hay margen para rectificar, pero requiere imprimir un dinamismo que ahora es insuficiente.