EditorialEivissa28/10/15 0:00
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Hay datos que dejan al desnudo una realidad descarnada y cruel que se acaba asumiendo como inevitable. El colapso de los juzgados encargados de tramitar todas las reclamaciones del ámbito laboral y social genera situaciones dramáticas, como lo es el fallecimiento de los demandantes de pensiones de invalidez antes de que se haya fijado una fecha para el juicio. En la actualidad, como se denuncia desde el Colegio de Graduados Sociales de Balears, se señalan juicios para el año 2018. Se trata de una barbaridad a la que no parece haber respuesta.

Lentitud inadmisible. No hace falta recurrir a la manida frase de que una justicia lenta no es tal. Los retrasos afectan a los derechos de los ciudadanos y acaban generando un auténtico drama social, silencioso pero no por ello menos trascendente. La cuestión no está en la ineficiencia de los medios actuales –jueces y funcionarios– sino en su absoluta incapacidad para poder atender, en tiempo y forma, a toda la carga de trabajo que se genera en Balears. Los dos juzgados de refuerzo habilitados no han servido para paliar mínimamente el problema. Este año, todavía hay 8.400 asuntos pendientes. En esta situación no puede hablarse de un Estado moderno y de derecho. Los ciudadanos acceden a destiempo a las resoluciones judiciales. El problema es muy grave y lleva décadas pendiente de resolución.

Máxima prioridad. Quizá por lo inabarcable de las soluciones que requiere la situación, lo cierto es que el problema de la Administración de Justicia ha quedado –en términos globales– orillado del debate político en nuestro país, siendo Balears una de las comunidades más castigadas. Servicios públicos como la sanidad, la educación o las prestaciones sociales figuran, como no puede ser de otro modo, en los primeros puestos de las prioridades de las promesas electorales. Otra, y no menos importante, debe ser la modernización del funcionamiento de los juzgados, para que alcancen mayores cotas de eficiencia.