Bucear en los Presupuestos preparados por el Govern para el próximo año depara algunas sorpresas, como la previsión de un incremento del 32 por ciento en la recaudación por multas y sanciones. Hasta los 12 millones de euros. Desde el departamento que dirige Catalina Cladera, la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, se avanza que de lo que se trata, en realidad, es la adecuación de las cifras a los ingresos que por estos conceptos tiene la Comunitat Autònoma. El argumento resulta, cuando menos, sorprendente puesto que todavía no se ha realizado la liquidación del presente ejercicio. Estamos pues ante un simple camuflaje presupuestario destinado a equilibrar las cifras, entre otras razones porque nada se ha anunciado de un despliege e incremento de funcionarios que garantice los ingresos que se han contabilizado.

Una ficción contable. Sería conveniente acabar con ese espejismo financiero que dibujan las cuentas públicas, el tiempo acaba evidenciando que las partidas hichadas revientan como pompas de jabón. Admitir que se ingresarán hasta 12 millones de euros con cargo a las multas y sanciones es un simple y puro desideratum de la consellera Cladera y por extensión de todo el Govern, un ejercicio de voluntarismo que en nada contribuye al mínimo rigor presupuestario exigible. Al final, si las cuentas no cuadran será inevitable acudir al endeudamiento.

Más recaudación. Reducir, que no acabar, con los recortes que se aplicaron en las prestaciones públicas más básicas durante la pasada legislatura, bajo la gestión del PP, lleva aparejada la necesidad de incrementar los ingresos autonómicos. Sin un mejora de la financiación estatal no hay otra salida. Es por ello que el Govern precisa recurrir a la ingeniería financiera para que, al menos en los Presupuestos, figuren las partidas y dotaciones necesarias. Los primeros defraudados son los docentes, que han anunciado un paro para el próximo día 15. Y es que la realidad es muy tozuda.