Editorial12/01/16 0:00
TW0

La sesión de apertura de la vista oral del ‘caso Nóos’, una jornada dedicada a plantear las cuestiones previas y el alcance de la aplicación de la llamada ‘doctrina Botín’ a la infanta Cristina, supone el inicio de un capítulo importante de la larga trayectoria judicial de este asunto de enorme trascendencia social y política en España. No en balde, entre los dieciocho encausados están una hermana y un cuñado del Rey, Iñaki Urdangarin –al que la Fiscalía le solicita más de 19 años de cárcel por nueve presuntos delitos penales–, además del expresident balear Jaume Matas, entre otros altos cargos de las administraciones autonómicas de Balears y València junto con directivos del Instituto Nóos, entre ellos su vicepresidente, Diego Torres. Todos estos protagonistas conforman el retrato de una época en el que la gestión pública se hacía de espaldas al interés de los ciudadanos.

Cristina de Borbón y Hacienda. El afán por evitar la acusación directa contra la infanta Cristina por un delito fiscal, que sólo mantiene el sindicato Manos Limpias, la Fiscalía anticorrupción y la Abogacía del Estado –en representación de la Agencia Tributaria– mostraron una perfecta coordinación para lograr la exculpación inmediata de la hermana del Rey aferrándose a la tesis de la ‘doctrina Botín’. En este contexto, sorprende el alegato de la abogada del Estado cuando circunscribe al ámbito publicitario y no jurídico el eslogan de que ‘Hacienda somos todos’; un argumento desafortunado de cara a la ciudadanía.

Justicia igualitaria. El principal valor del juicio que se inició ayer en Palma reside, precisamente, en que confirma la existencia de un precepto básico en un Estado de derecho, que no es otro de que la justicia iguala a todos los ciudadanos ante la ley. Así debe ser. Siempre y en cualquier caso. Queda por delante un largo juicio y un proceso que con sus correspondientes recursos puede prolongarse durante años, pero que sin lugar a dudas ha entrado en la historia jurídica de España.