EditorialEivissa30/01/16 0:00
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El auto del TSJB que rechaza la aplicación de la llamada ‘doctrina Botín’ a la infanta Cristina en el ‘caso Nóos’ es, sin duda, un duro revés judicial para los intereses de la hermana del Rey. La decisión supone, en términos prácticos la prolongación de la acusación de la exduquesa de Palma en este turbio asunto de expolio de las arcas públicas en Valencia y Balears, además de mantener su presencia durante la larga vista oral que se reanudará el próximo 9 de febrero. Todos los expertos coinciden en destacar la solidez de la argumentación de la Sala para rebatir los argumentos de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y su propia defensa en favor de la exculpación de la Infanta, cuya situación en Nóos no la hacía equiparable a las exigencias de la controvertida ‘doctrina Botín’.

Oportunidad de defensa. Al margen de la incómoda exhibición mediática que para Cristina de Borbón puede suponer ocupar, aunque sólo sea durante varias semanas, el banquillo de los acusados, lo cierto es que, como aseguran los abogados encargados de su defensa, será una sentencia la que determine, llegado el momento, su inocencia o culpabilidad y no una decisión preliminar que siempre hubiese cerrado en falso las sospechas sobre la implicación de la Infanta en las irregularidades de Nóos, aunque sólo sea de manera tangencial. La hermana de Felipe VI ha reconocido su lucro personal derivado de las posibles delitos cometidos por su marido y por las que ha tenido que hacer frente a una fianza civil.

La sentencia firme. Aunque con evidentes imperfecciones, el sistema judicial español funciona. La firme determinación de acabar con la corrupción salva obstáculos tan serios como el de la presunta vinculación de una infanta de España –en esta ocasión por la perseverancia de la acusación popular ejercida por el sindicato Manos Limpias–; no hay excepciones y esto es bueno para recuperar la credibilidad social. Pasarán, con toda probabilidad, años hasta que se dicte la última sentencia sobre el ‘caso Nóos’ si no se aceleran los pactos entre los acusados y la Fiscalía para rebajar las severas penas de cárcel.