Posible ilegalidad. Ya veremos cómo evoluciona este caso, pero a simple vista destituir y nombrar a la coordinadora de Seguridad de Sant Antoni puede infringir la legalidad. Hay casos similares que acabaron con condena. En el Govern de Cañellas, por ejemplo, ocurrió un caso similar en la década de los 80. Cañellas destituyó a un conseller durante 24 horas para que pudiese solicitar la excedencia de una plaza que había ganado. El Tribunal Supremo consideró que esta maniobra era fraude de ley y el conseller al que habían destituido por apenas 24 horas perdió su plaza laboral en el ayuntamiento. El caso fue objeto de muchas críticas por parte del PSOE, que en aquel momento estaba en la oposición en la Comunitat Autònoma. El caso de Gallardo puede acabar de la misma manera, pero al margen de la legalidad o no, no parece estético ni procedente intentar regularizar una plaza que, además, desde el Ayuntamiento siempre se ha negado que fuese irregular. El alcalde de Sant Antoni, Pep Tur, deberá dar muchas explicaciones en el futuro sobre esta actuación que, además, se ha intentado esconder pese a publicarse en el BOIB.
Dar ejemplo. Las instituciones tienen que dar ejemplo ante los ciudadanos. No es posible que un ayuntamiento intente driblar la ley con este tipo de nombramientos que los técnicos ya advirtieron que no podían hacerse. El gobierno tripartito inició esta legislatura anunciando que haría las cosas de diferente manera tras muchos años de gobierno del PP pero, con el poco tiempo que llevan, están cometiendo graves errores, como el de justificar que una concejala pase un ticket de parquin de 0,40 euros o, en este caso, el fichaje de la coordinadora de seguridad. También habría mucho que hablar sobre la mala gestión de la Policía Local. Y no llevan ni un año de legislatura. El balance es más que negativo.
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