La iniciativa que promueve el Govern para que se transfiera a la Comunitat Autònoma la gestión de cuatro puertos de titularidad estatal en Balears: Alcúdia, Maó, Eivissa y La Savina (Formentera). De este modo el de Palma continuaría en manos de la Autoritat Portuària y el Ministerio de Fomento como único ‘puerto de interés general’ en las Islas. La propuesta ya ha sido rechazada por los actuales gestores del Ministerio, cuya máxima responsable, Ana Pastor, descartó cualquier opción. Sin embargo, el eventual cambio de color político en el Gobierno reabre las posibilidades de que se materialice la participación del Govern en el diseño de la estrategia de un servicio público básico para las Islas; como deben entender estos puertos con tráfico comercial.

Mejorar el modelo. Tratar de ampliar el campo competencial de Balears es una aspiración lógica del Govern, pero –y de eso ya hay ejemplos suficientes en el conjunto del Estado– es necesario aportar una justificación sólida de las ventajas que aportaría su transferencia frente al esquema actual, que se enmarca en el de la Autoritat Portuària que dirige Joan Gual. La sociedad debe percibir las ventajas que debe suponer para Balears aproximar el centro de decisión en la gestión de este importante paquete de instalaciones portuarias; el principal punto de entrada y salida de mercancías de Menorca, Eivissa y Formentera además del tráfico de pasajeros.

Perfilar la propuesta. El planteamiento actual del Govern da la impresión de que es la simple expresión de un ejercicio voluntarista, aunque su trascendencia requiere mayor concreción sobre los objetivos de la demanda y cómo quiere desarrollarse en el futuro. La primera duda que asalta es si la transferencia que se solicita lleva implícita la apertura a la iniciativa privada en la gestión de estos cuatro puertos comerciales de las Islas o, por el contrario, se pretende incorporarlos a Ports de les Illes, que gestiona la red autonómica con pequeñas instalaciones deportivas y pesqueras. Demasiadas incógnitas. Parece evidente que siempre se gestionará mejor teniendo en cuenta la sensibilidad de los ciudadanos de Balears, pero no solo hay que atender las reivindicaciones de Mallorca. Eivissa y Formentera deben dar su opinión sobre la gestión de los puertos. Por ahora, el balance no es nada positivo para los intereses pitiusos.