EditorialEivissa06/04/16 0:00
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El Gobierno de Madrid exige su parte del impuesto de turismo sostenible (ecotasa). Resulta que lo gravará con un diez por ciento de IVA. De esta forma, los usuarios de los hoteles van a pagar un triple tributo: el IVA normal por los servicios que reciben, el nuevo impuesto autonómico y su correspondiente IVA. Hay que decir que Balears recurre a la ecotasa por la necesidad de mantener la calidad de su oferta y sedimentarse como un destino turístico puntero. Madrid, en cambio, lo hace por puro afán recaudatorio, aplicando un impuesto estatal sobre uno autonómico. Es cierto que son unos céntimos más pero, sumados, alcanzan unas magnitudes considerables.

Difícil respuesta. Ante este absurdo de la triple imposición, el Govern tiene escaso margen de respuesta. Este diez por ciento redunda en la idea de que el Archipiélago sólo es para Madrid un negocio. Prueba de ello es la pésima financiación que las administraciones y los ciudadanos de Balears soportan cuando más de mil millones de sus euros se van cada año a la capital y no regresan. Eso, según los datos oficiales, porque un análisis riguroso del actual déficit fiscal podría incluso arrojar cifras más sonrojantes.

Un avance, un problema. El nuevo impuesto balear supone un impulso para el Govern, que contará con más recursos y tendrá más capacidad de articulación para la política turística. Pero la solución no es introducir nuevos impuestos en una sociedad que ya sufre una presión fiscal excesiva y está regida por unas instituciones empobrecidas y endeudadas. Tienen razón las patronales hoteleras cuando se quejan de la ecotasa porque supone gravar aún más las estancias pero no se les oye denunciar ante el Gobierno de España que la financiación está ahogando a la autonomía balear. Sería deseable un frente común que alzara la voz ante Madrid y que el nuevo Gobierno central asuma que es necesario fijar las bases para una nueva relación entre el Estado y las autonomías.