EditorialEivissa25/04/16 0:00
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La pretensión del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, de que el Govern recorte 135 millones de sus Presupuestos como ‘castigo’ al incumplimiento en el objetivo del déficit, una exigencia que la presidenta Armengol y todo su equipo ya ha advertido que en ningún caso cumplirá para no seguir trasladando a los ciudadanos más recortes en las prestaciones públicas, es inviable. La proyección de esta hipótesis confirma que ya no es posible suprimir servicios que supongan un ahorro significativo para la Administración autonómica, una situación que incluso comparte el principal grupo político en la oposición, el Partido Popular.

Una situación límite. Quiera o no el ministro Montoro, Balears ha cumplido, y con creces, con los dictados de la Unión Europea en materia de control del gasto. Durante la pasada legislatura se adoptaron medidas significativas para lograr una mayor eficiencia en el entramado administrativo del Govern, medidas, por cierto, de las que ahora presumen los dirigentes de izquierdas pero que provocaron multitud de protestas. También hubo importantes acciones que supusieron una importante merma en áreas muy sensibles como son la sanidad, la educación y las prestaciones sociales. En este sentido, como bien advierte el actual Govern, no hay margen para seguir retrocediendo y es imprescindible que Madrid lo asuma y modifique su estrategia.

Mejorar los ingresos. Montoro, y los futuros responsables económicos del Gobierno central, deben entender que la política económica no puede seguir planteándose en los mismos términos que hasta ahora. Bien está corregir los indudables excesos cometidos en el pasado, cuyas facturas hay que seguir pagando, pero la solvencia económica de la Administración en su conjunto pasa por mejorar sus ingresos, y no precisamente incrementando la presión contributiva a las empresas y los ciudadanos. Este sería el camino más fácil. Es imprescindible un severo plan que combata el fraude fiscal en todos los órdenes; se trata de apretar el cinturón a los insolidarios, incluyendo los que se fueron a Panamá y el resto de paraísos fiscales.