eEivissa06/06/16 0:00
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El asalto, por parte de una veintena de jóvenes, de un inmueble de Palma, ha reactivado el movimiento okupa en Mallorca coincidiendo con los disturbios en Barcelona, donde los Mossos d’Esquadra desalojaron un edificio que había sido alquilado, tiempo atrás, por un banco en el barrio de Gràcia. Los motivos que se esgrimen para justificar la acción en la capital balear son variopintos: desde la protesta por la proliferación de pisos turísticos hasta la reclamación de viviendas a precios asequibles. Ningún grupo político se ha responsabilizado de esta acción, que contraviene el respeto a la propiedad privada.

Intervención inaceptable. Los okupas valoran su acción en el hecho de que la propiedad del bloque es de un conocido hotelero. Pero la reivindicación de espacios de convivencia, viviendas dignas para los jóvenes o centros de dinamización cultural en las barriadas nunca pueden realizarse vulnerando la legalidad vigente. Es en este apartado donde es imprescindible que por parte de las instituciones públicas se marquen con claridad los límites de la protesta, que, en ningún caso, pueden suponer la invasión de la propiedad privada y que, por supuesto, merecen el reproche por su manifiesto incivismo. La tibieza, en estos casos, acaba siendo un mal principio sin que ello suponga tener que adoptar medidas desproporcionadas y sin el necesario amparo legal.

Soluciones al problema. El rechazo a la ‘okupación’ de inmuebles, públicos o privados, no significa que la Administración no tenga que abordar el problema que subyace tras este tipo de acciones. Hay sectores de la sociedad, entre ellos los más jóvenes, que necesitan sentirse atendidos en sus reivindicaciones y planteamientos, tanto en el aspecto personal como en el colectivo. Es preciso trabajar en planes que faciliten el acceso a la vivienda para quienes estrenan la emancipación familiar y ofrecer espacios a la expresión cultural alternativa.